Por Núria González López
Si la humanidad consigue sobrevivir unas tres generaciones más, en algún momento se escribirá sobre como las primeras décadas del siglo XXI fueron el oscurantismo del periodismo. Pocas veces como en los momentos que estamos viviendo hemos visto información tan mala, tan sesgada y tan “preparada” como ahora, tanto en los medios de comunicación públicos como privados.
Todos ellos responden únicamente a los que manejan el cotarro en elevados niveles que decretan que “información” se da y sobre que conviene que haya un apagón informativo absoluto. Como activista feminista estoy más que acostumbrada al boicot de la prensa “oficial” y oficialista, pero el nivel de manipulación, mentiras e idiotización en el que nos tienen inmerso es ya insoportable.
Esto es exactamente lo que está pasando con la huelga de las y los letrados de turno de oficio que se está llevando a cabo desde hace semanas en todo el país y de la que no se ha publicado ni una sola palabra en ningún sitio. Y no es poca cosa el derecho a la justicia gratuita, ya que, sin él, simplemente la justicia no existiría.
Estamos hablando de un servicio público, exactamente igual que la sanidad o la seguridad, que garantiza a toda la ciudadanía que, le pase lo que le pase y donde le pase, dispondrá de un letrado o letrada que le asistirá los 365 días del año, en menos de una hora en el caso de los asuntos penales y de Violencia de Género, sea cual sea tema, sin previo pago.
Estos abogados y abogadas no son funcionarios públicos, no cobran del estado, ni de ninguna administración, se pagan su propia seguridad social, sus gastos, y además es un servicio obligatorio para los y las colegiadas, del que sólo “se libran” los que viven en territorios donde hay muchos abogados. Tampoco hay horarios, ni puedes dejar de llevar a cabo tus tareas por razón de una baja médica, y por todo ello se viene cobrando una media de 200 euros por expedientes que suelen alargarse años. Una bicoca.
Como decía, hace semanas que se está llevando a cabo una huelga por parte de las y los compañeros del y turno de oficio, para intentar que, al menos, se les reconozcan unas mínimas condiciones como las subidas del IPC o que no se acaben cobrando pensiones de 400 euros después de haber prestado este servicio público durante 40 años. Reclamaciones estas a las que, por ejemplo, la Generalitat de Catalunya ya ha dicho que no piensa ni aplicar la subida del IPC. Muy de izquierda son estos de ERC.
Hasta va a haber manifestación el próximo 3 de febrero en Madrid convocada por el sindicato Venia, pero, muy al contrario de lo que pasó no hace mucho con las huelgas los antes conocidos como secretarios judiciales (LAJ) que ocupó muchas portadas, en que pedían equiparar sus sueldos al de la judicatura, y que no tuvieron el más mínimo miramiento el paralizar la administración de justicia semanas, la huelga de los letrados y letradas de oficio, que son los letrados y letradas de quien no puede pagarse alguien que defienda sus derechos en un tribunal en condiciones de igualdad con cualquier otro abogado, incluso los llamados “togas de oro”, esa huelga y esas movilizaciones, están desterradas de la información que le llega a la ciudadanía.
El 60% de los casos que hay en todos los juzgados son ya de turno de oficio y son llevados por abogados y abogadas de justicia gratuita. Yo digo que ese dato ya sería razón suficiente para que se prestara a este problema la atención que merece.
Y quizá habría que recordarle a la ciudadanía que el derecho a la defensa que garantiza el turno de oficio es igual de servicio público que todos los demás y que, como todos los demás, también corre el riesgo de privatizarse si, finalmente, las y los abogados que ahora forman parte del turno se harta y deciden que ya no van a trabajar más en condiciones de semi esclavitud. Ese es el momento que están esperando los grandes despachos, frotándose las manos, para desmantelar el sistema de justicia gratuita y repartírselo al peso. Una privatización en toda regla que sigue la ecuación ya bien conocida de primero degradar un servicio público para a continuación, privatizarlo.
Solo piensen la cantidad de momentos en su vida que seguramente necesitarán de la justicia gratuita, como si los despiden del trabajo, si de divorcian, si alguien los denuncia falsamente, si son víctimas de violencia machista, si tienen que arreglar una herencia en las que sólo haya deudas, o si los detienen porque han soplado en el alcoholímetro, o la administración les reclama una deuda que no es suya. Ahora imaginen que sólo la otra parte puede actuar ante el juez y usted sólo puede callar si no puede pagar.
Vale la pena pensarlo y vale la pena hablarlo y que se hable para no perder otro servicio público más.
