LaCostillaRota. 23 de Noviembre, 2023.- El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 52 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen con el que se aplicarán las reformas de la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, que impedirá que aquellos que sean señalados por actos de violencia contra mujeres, que tengan deudas alimentarias sean elegibles para ocupar cargos en elecciones populares.
La iniciativa, impulsada por colectivas como Las Constituyentes Mx, Todas Mx, Nosotras tenemos otros datos, entre otras decenas de colectivas que se han sumado a ella, fue discutida y votada en pleno establece que: «La ley prohíbe ocupar cargos de representación popular, ni ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias»
📹 | #Video: Por unanimidad de votos, el pleno del Congreso de la CDMX determinó elevar a rango constitucional la Ley 3 de 3, para que ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que haya ejercido violencia familiar pueda obtener un empleo, cargo en el… pic.twitter.com/KEcZM4rgsm
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📌 #CongresoCDMX aprueba reformas constitucionales contra violencia de género. #NingúnAgresorEnElPoder
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Pero, para que esa Ley sea aplicable es necesario tener una sentencia de violencia, lo que significa que ya pasó por un proceso judicial y tuvo una sentencia favorecedora. ¿Qué pasará con los funcionarios que tengan iniciado un proceso judicial en su contra sin tener aún sentencia o con aquellos que gracias al uso de su poder se han extraído de la justicia?
Múltiples investigaciones realizadas (entre ellas World Justice Project) muestran que hay delitos y conflictos a los que las mujeres se enfrentan en proporciones distintas que los hombres, como lo es la violencia de pareja y familiar, el acoso u hostigamiento sexual, así como problemas con pensiones y custodias. Todo lo anterior, con altas tasas de impunidad, revicitimización y normalización de asimetrías por género (Pecova, 2019; CIDH, 2008; Rosales, C., 2021).
Desafortunadamente, en la actualidad persiste la falta de inmediatez de los asuntos, la ausencia de personal capacitado y sensibilizado en temas de género y la falta de mecanismos y aplicación que garantice las condiciones que permita a la mujer acceder a la justicia.
La aprobación de la Ley 3 de 3 contra la violencia a las mujeres significa también una gran oportunidad de incidencia. Es urgente seguir coordinando esfuerzos para continuar haciendo incidencia y materializado en protocolos, manuales, talleres, charlas y capacitaciones. También se aprobó la modificación Artículo 27, apartado B, numeral 7, fracción primera, y se añadió un nuevo párrafo que establece la obligación de los partidos políticos de implementar mecanismos para garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos internos.
Es obligación del estado crear esos instrumentos pero ¿Quiénes lo van a crear? ¿Qué iniciativas o propuestas se van a sumar?
La votación y discusión en el Congreso
Al razonar su voto, la legisladora Gabriela Quiroga Anguiano (PRD) recalcó que esta reforma es un compromiso colectivo para cambiar el rumbo de la ciudad y construir un entorno en el que las mujeres ejerzan sus derechos sin miedo ni violencia, y recalcó que es resultado de una larga lucha feminista para evitar que un agresor llegue al poder.
Por su parte, la congresista Martha Soledad Avila Ventura (MORENA) comentó que este dictamen busca evitar que los agresores de mujeres ocupen cargos públicos en cualquiera de las instituciones de la capital, y representa un avance legislativo en contra de la impunidad de quienes cometen delitos por razones de género; y es una conquista del movimiento feminista para erradicar todas las formas de violencia.
Al participar, la diputada Elizabeth Mateos Hernández (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) expresó su total apoyo a esta reforma y pidió acciones contra la violencia política de género, que afecta en forma desproporcionada a las mujeres. “La violencia de género no sólo atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres, sino que también limita nuestra participación y representación en la toma de decisiones”.
En su turno, la legisladora Mónica Fernández César (PRI) destacó que la Ciudad de México vuelve a ser vanguardia en la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres. Señaló que los partidos políticos deben trabajar para eliminar estos delitos, el miedo a denunciar y las represalias.
Con la iniciativa 3 de 3 se homologa la Constitución local con la Carta Magna federal, refirió el diputado Jorge Gaviño Ambriz (Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal), para establecer que todos los servidores públicos, no solamente los titulares de las dependencias, deben cumplir esta norma.
El diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos (MORENA) expresó que es deber constitucional de las y los legisladores hacer transversal la perspectiva de género en todas las áreas de la función pública y todos los niveles de gobierno; para poner “fin a las décadas de pactos de silencio patriarcales que nos dividen como sociedad.”
El diputado Royfid Torres González (Asociación Parlamentaria Ciudadana) se congratuló de la aprobación del dictamen, pero aseguró que se tiene que trabajar en la sensibilización de las autoridades encargadas de la procuración de justicia para “hacer efectivo el acceso a la justicia a todas las víctimas de esta ciudad”.
Al asegurar que este logro es parte de la lucha histórica de las mujeres, la legisladora Alicia Medina Hernández (MORENA) resaltó la relevancia de esta reforma, que permite impulsar la participación política de las mujeres, implementar recursos para capacitación en materia de género y eliminar propaganda con estereotipos de género.
La diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz (MORENA) recalcó que los avances en reconocimiento de los derechos de las mujeres se han logrado a través de una lucha intensa de muchos años, y agregó que no es un regalo sino el resultado de que las mujeres se han desarrollado en condiciones de desigualdad que siguen combatiendo.
La congresista Maxta Iraís González Carrillo (PRI) se posicionó a favor de la búsqueda de progresividad respecto a los derechos y libertades de las mujeres, y precisó que el dictamen pretende establecer que entre los aspirantes a cargos de elección popular no se considere a ningún agresor de mujeres.
Finalmente, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) reconoció los aportes de las agrupaciones feministas y afirmó que se responde a una deuda histórica con miles de mujeres que ya no están y con las colectivas que han luchado “para que el servicio público se ejerza desde la perspectiva de género”.
