Por Nuria González López
El sindicato de funcionarios CSI-CSIF quien, literalmente, ha planteado la pregunta al ministerio de Marlaska de dónde colocan los penes que cuelgan del cuerpo, que también tiene que colocar obviamente, de aquellas personas que, habiendo sido condenados como hombres, ahora pretenden pasarse al módulo de mujeres.
Las cárceles son, sin duda, un universo paralelo. Casi podríamos decir que son como un “metaverso” en el que el tiempo corre a otra velocidad y donde sus habitantes quedan en “stand by” mientras la vida sigue ahí fuera.
Nadie se preocupa en exceso de la población reclusa porque en la mayoría de los casos impera el pensamiento de que “algo habrá hecho” y por ello, no parece un gran negocio político invertir en los reclusorios y ni las personas recluidas, ni siquiera hablar de ello.
Cierto es que las cárceles españolas y nuestro sistema penitenciario nada tiene que ver con los de otros países en los que, para mí, casi es menos cruel acabar con la vida del reo que mantenerlo encerrado en determinadas circunstancias, y créanme cuando les digo que se de lo que hablo porque he tenido la rara oportunidad de trabajar en alguna de esas prisiones.
Pero si hay algo dentro del universo penitenciario de lo que el Estado es el único responsable es de la seguridad de las internas. Y hablo de las mujeres presas que son, dentro de ese mundo paralelo, las más invisibles.
Pues bien, a su penosa situación, ahora van a tener que sumar la posibilidad de encontrarse en la obligación de tener que compartir celda con un preso hombre, que se autoidentifique mujer y que, gracias a la Ley Trans y con su sola palabra, ahora va a poder solicitar y exigir el cambio aun módulo de mujeres, importando absolutamente nada tanto si “conserva” sus atributos sexuales masculinos, como si su condena es por delitos de agresión sexual contra las mujeres o que sea un maltratador feminicida.
Seis meses después de la aprobación de la “Ley Trans”, ha sido el sindicato de funcionarios CSI-CSIF quien, literalmente, ha planteado la pregunta al ministerio de Marlaska, responsable último del sistema penitenciario. La pregunta es, exactamente, que dónde colocan los penes que cuelgan del cuerpo, que también tiene que colocar obviamente, de aquellas personas que, habiendo sido condenados como hombres, ahora pretenden pasarse al módulo de mujeres.
A priori, a algunos les dará cierta risilla al plantear esta situación, como si de un chiste verde malo de Torrente se tratara. Pero la verdad es que es un atentado directo contra el derecho fundamental de las reclusas a su seguridad dentro de la propia cárcel
Puedo imaginar la horrible y peligrosa situación de una mujer en una celda de la que claramente no puede salir, estando obligada a compartir espacio y vida con un recluso autodeterminado mujer. Y para que se dé esa incomodidad, no es necesario que el compañero en cuestión sea un condenado por violación o asesinato. Es incómodo e inseguro, aunque el preso lo sea por un delito de conducción bajo los efectos del alcohol o un fraude fiscal.
La explicación a ese hecho es que, si en la calle es literalmente vital para las mujeres disponer de espacios seguros no mixtos como baños o vestuarios, mucho más lo es dentro de una cárcel de la que no puedes salir. Supongo que cualquier persona normal entiende que es un derecho básico de las presas no pasar su condena con un hombre.
Por eso los módulos de hombres y mujeres están separados. Para garantizar, sobre todo, la seguridad de las presas. Máxime cuando el reo “trans” es un caso como el de Jonathan de Jesús Robaina Santana, condenado a 31 años de prisión por agredir sexualmente a varias jóvenes y violar y matar a su prima Vanessa Santana en Betancuria (Fuerteventura) declaró durante el juicio en 2021, que quería ser tratado como “Lorena”. Por más que se ha preguntado al ministerio del Interior si se ha trasladado a “Lorena” a una cárcel de mujeres tal y como solicitó, sólo se ha obtenido la callada por respuesta. Así que es perfectamente probable que haya decenas de mujeres reclusas obligadas a compartir su reducido espacio con un asesino violador.
Y todo ello en pro de no ofender los sentimientos de los hombres que deciden que en los módulos femeninos se pasa mejor la condena, se auto declaren mujeres y, como con su palabra basta según la nueva ley, quede blindado el respeto absoluto a dicha declaración, por encima de los derechos más básicos de las mujeres en prisión, de los cuales el Estado es el único garante.
Yo, por más que lo pienso, no conozco otra situación en la que se ponga en peligro la vida de las personas, simplemente por no molestar. Claro que no son exactamente personas, sólo son mujeres, y además presas. Qué más les da…
