Por Mónica Mendoza Madrigal
La iniciativa fue presentada por Las Constituyentes Feministas que encabeza Yndira Sandoval, desde antes del proceso electoral de 2021 y consiste básicamente en que no sean postulados a ningún cargo de elección popular violentadores, agresores sexuales o deudores de pensión alimenticia bajo una premisa muy clara: darle poder a un violentador le brindará la impunidad necesaria para evadir la ley, porque tendrá fuero y porque desde el poder seguirá ejerciendo las violencias ahora más fortalecido por la posición de privilegio que su representación le otorga.
El apoyo del INE fue determinante y ello demuestra para qué es que queremos mujeres con conciencia feminista en posiciones de toma de decisiones porque la Consejera Carla Humphrey abrazó la iniciativa con determinación desde un inicio. Con la aprobación del Consejo General se elevó la iniciativa a nivel de Acuerdo, mismo que fue suscrito por todos los partidos políticos que se comprometieron – de manera voluntaria – a hacerlo valer en esa jornada electoral.
A partir de ahí, más de 100 organizaciones y colectivas feministas y activistas de a pie de todo el país nos unimos en una red que se denominó La Observatoria para acuerpar el Acuerdo y hacerlo valer.
El trabajo colectivo de La Observatoria, fue fundamental y a ello se sumó la estrategia ejecutada por una de las organizaciones aliadas – Las Brujas del Mar – quienes ejecutaron un minucioso seguimiento de las candidaturas postuladas por todos los partidos políticos y lo hicieron público a través de un recurso creativo y eficaz llamado las Antiboletas, mediante del cual se evidenció a los partidos que incumplieron con el Acuerdo.
En total se hicieron públicas 83 antiboletas que exhibían a candidatos que o eran violentadores, o agresores sexuales o deudores de pensión alimenticia, de los cuales 11 fueron postulados en el estado de Veracruz. Todos los partidos postularon candidatos que violentaban el Acuerdo.
En la práctica el Acuerdo se enfrentó a dos situaciones: argumentando dificultades logísticas, se aprobó que los OPLES solo revisaran al azar el 30% de los registros de las candidaturas postuladas por los partidos, que en teoría deberían de venir acompañados del documento firmado de puño y letra de todas y todos los aspirantes indicando que no eran ni deudores de pensión alimenticia, ni agresores ni violentadores sexuales pero que al no estar obligados por ley, o llenaron con mentiras o simplemente no las entregaron.
La segunda situación que dificultó poder negar los registros a muchos de estos sujetos – mayoritariamente hombres – fue que el Acuerdo tenía en candado de pedir que hubiera “sentencia firme” a través de la cual la autoridad correspondiente validara la condición de violentador, agresor o deudor del candidato. Es decir, no tan solo que estuvieran denunciados, sino que la autoridad ya hubiera fallado en su contra.
Con todo y la dificultad que esta condición implica, hubo varios casos que sí cumplían con este criterio y que de todas maneras fueron postulados por los partidos.
Este candado está presente en la Ley aprobada, por lo que hay que denunciar, que es la parte que nos toca hacer.
Al inicio de la presente legislatura comenté con algunas legisladoras y legisladores la importancia de presentar la iniciativa para que en Veracruz fuera Ley la 3 de 3 y recuerdo bien la respuesta: “si aprobamos eso, nos quedaremos sin candidatos”.
Pensé y pienso que esa es justamente la sacudida que el sistema político necesita. Dejar de cobijar delincuentes, para que así las y los políticos recuperen la legitimidad, la confianza y la credibilidad que han perdido ante la ciudadanía.
Hoy la coyuntura política permitió que el minucioso trabajo de cabildeo que las Constituyentes no han dejado de hacer ni uno solo de los días para empujarla primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, encontrara pertinencia en una jugada del ajedrez legislativo del morenato que – hay que decirlo – votó a favor como moneda de cambio para incumplir con su responsabilidad de nombrar a los Comisionados faltantes al INAI.
En cualquier caso, primero es la agenda de las mujeres y las escalofriantes cifras de las múltiples violencias cometidas en nuestra contra no dan tregua y obligan a que desde las más altas esferas del poder se actúe para limpiar de violentadores, agresores y deudores y cortar el manto de impunidad que les cobija.
Había que aprobarla en 17 congresos estatales para que pueda entrar en vigor para el proceso electoral de 2024 y cuando usted lea esta columna la meta incluso ya habrá sido rebasada. El tejido fino del cabildeo de agrupaciones feministas y legisladoras aliadas de Las Consti – como se les llama entre activistas – ha rendido frutos.
En Veracruz el Congreso la aprobó por unanimidad. En año y medio de transcurrida la actual Legislatura, esta es la primer iniciativa que aprueban. Nada de nadie, salvo las enviadas por el gobernador, así que tiene enorme mérito que hayan abrazado favorablemente la minuta enviada por el Senado sobre una iniciativa ciudadana.
Ahora a cumplir.
Vayan buscando candidatos que no sean violentadores, agresores sexuales ni deudores de pensión alimenticia. Busquen bien, porque si de nuevo los postulan, los vamos a exhibir.
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