Por Angélica De La Peña
@angelicadelap
No se tiene constancia de un presidente con tanta animadversión contra la niñez como Andrés Manuel López Obrador.
México fue uno de los primeros países en aprobar la Convención Sobre Derechos de la Niñez en 1990. En el 2000 reformamos la CPEUM para establecer en el Art. 4º que todas las niñas y niños menores de 18 años de edad, son sujetos de plenos derechos, y con la inclusión del Interés Superior de la Niñez, ningún rubro presupuestal sufre retrocesos.
En materia de salud se incrementa el sistema de vacunas, la cobertura de salud incluida la atención gratuita de enfermedades endémicas y especializadas; en materia de educación se logra mayor inclusión de las niñas, se crean las estancias infantiles para niñas y niños pobres, las escuelas de tiempo completo; se prohíbe el trabajo infantil, igual el matrimonio infantil. Sin embargo, este gobierno ha desaparecido o menoscabado políticas como la falta de suministros y medicamentos o tratamientos contra el cáncer. La lista es larga y falta sopesar las consecuencias de la desatención a la niñez durante la pandemia.
La definición en el presupuesto de Egresos y en las políticas públicas, respecto de que las niñas y niños no son grupos vulnerables deja atrás el enfoque inscrito en la doctrina de situación irregular, para avanzar en la configuración de que cada niña y cada niño debe gozar de todos sus derechos de manera integral desde una perspectiva holística de sus derechos derivada de la Doctrina de Protección Integral de Naciones Unidas.
De ahí que, desde la primera Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 2000, reglamentaria del 4º constitucional, se señaló que las autoridades en los tres órdenes de gobierno, debían articular un programa nacional de políticas públicas que garantice todos los derechos de la niñez. Fox nombra el Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia, y en 2007 Calderón signa el Programa “Un México apropiado para la Infancia y la Adolescencia” con 6 instituciones trabajando para concretar políticas a favor de la niñez.
Aún con estos avances, Coneval evidencia obstaculizadores en el desarrollo de la población infantil. Las recomendaciones del Comité de derechos del Niño de ONU señalan con precisión el enfoque asistencialista como el obstáculo fundamental del incumplimiento de la ley y de la Convención. El DIF no era la institución adecuada para enfrentar los retos de ese México apropiado para la niñez. Era necesario constituir un sistema integral que garantizara la protección, promoción, prevención y participación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sin discriminación de ningún tipo.
Necesitábamos una Ley nacional sustantiva y adjetiva, de manera que el Congreso de la Unión discute y aprueba, a partir de una iniciativa preferente de Peña en 2014 y otros proyectos, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que crea el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA, institución que López Obrador va a desaparecer y vuelve al DIF tareas que no podrá cumplir porque su enfoque no es garantista sino asistencialista; lo que dejará al garete a la niñez menor de 18 años.
Al SIPINNA le falta mucho para asumir lo establecido en la Ley, pero desaparecerlo es un retroceso al siglo pasado en detrimento del 37% de la población. Definitivamente este Presidente no quiere a la niñez.
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