Señor, te pido que cojas mi mano en la tuya,
y camines conmigo hacia la curación a través de esas puertas
Pon calma en mi corazón y mantenme sin miedo.
Imparte tu fuerza para que yo tenga la certeza de que
Tú estás viéndome desde arriba.
Confío en Ti y en tu infaltable amor.
Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Toda persona tiene derecho a la protección de la SALUD.
La Organización Mundial de la Salud establece que las enfermedades catastróficas son padecimientos que no son frecuentes, su tratamiento involucra más del 40% del ingreso de las personas o las familias y que, además, requieren procedimientos complejos tanto para su diagnóstico como para su tratamiento.
En 2003 se creó el Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, para dar servicios de salud a la población que no tiene acceso a los servicios del IMSS o del ISSSTE, el cual tenía un Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de 33 mil millones de pesos para 66 enfermedades catastróficas, que se destinaba para otorgar servicio médico de alta especialidad a quienes estaban inscritos. Esos 66 padecimientos son parte de las siguientes categorías:
El INSABI, sustituto del Seguro Popular dejó de dar tratamientos de radioterapias, indispensables para atender el cáncer.
En cualquiera de sus modalidades, el CÁNCER es una enfermedad catastrófica y, cuando se detecta, requiere de atención y tratamiento inmediato. Esta afección se origina en cualquier parte del cuerpo; inicia cuando algunas células se multiplican sin control y forman tumores malignos (cancerosos) que rápidamente invaden tejidos cercanos, lo que obliga a que la enfermedad comience a tratarse en cuanto se detecta. El proceso de metástasis se da cuando esas formaciones se diseminan a otras partes de cuerpo y provocan más tumores.
De acuerdo con la definición de la Real Academia de la Lengua, desabasto significa “falta de determinados productos… en una población”. En el caso de los medicamentos contra el cáncer (oncológicos), Luis Fernando Reyes Guzmán, miembro del Movimiento Nacional por la Salud, Papás de Niños con Cáncer, informó que el desabasto inició en los primeros meses de 2019 y que ha ido empeorando, principalmente por el cambio en el esquema de compras y distribución de medicamentos del gobierno actual. Asimismo, declaró que “… las autoridades no le dan no le dan solución al problema a largo plazo, ellos sólo compran el medicamento para el hospital que lo requiere en ese momento, y sólo alcanza para un lapso de 15 días”.
El desabasto se agudizó en agosto de 2019, cuando todaslas compras públicas a nivel federal, incluyendo la de medicamentos e insumos hospitalarios, pasaron a ser responsabilidad de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, con la intención de reducir los costos de la compra de todo tipo de productos. El IMSS compraba anualmente todos los suministros tanto para sus clínicas y hospitales, como para las demás instituciones de salud de los estados y la federación que pertenecen al ISSSTE y la Secretaría de Salud, así que siempre había disponibilidad de insumos hospitalarios, vacunas, medicamentos y tratamientos.
Cuando estas adquisiciones ya fueron responsabilidad de la SHCP, se despidió al personal que tenía experiencia en ello y comenzaron los problemas. Su primera compra se hizo fuera de tiempo y de forma incompleta, debido a que el 62% de los medicamentos requeridos no se compraron y los contratos para obtenerlos se tuvieron que hacer por adquisición directa. Casi al mismo tiempo, por razones de supuesta corrupción, la Presidencia vetó a las distribuidoras de insumos médicos del país como Grufesa, Dimesa y Maypo, y las acusó de acaparar el mercado y formar un oligopolio; no obstante, no se diseñó ninguna alternativa para reemplazar la red de distribución, logística, almacenaje y de personal que se requiere.
La situación empeoró para los medicamentos contra el cáncer. Laboratorios Pisa, uno de los principales laboratorios que producen oncológicos en el país, enfrentó dos problemas: el primero fue el supuesto hallazgo de una bacteria en una línea de producción, lo que ocasionó el cierre de siete plantas de producción y, además, detuvo la entrega de medicamentos; el segundo fue que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la farmacéutica por supuestas inconsistencias en uno de los contratos de venta. La crisis sanitaria por covid-19 sólo agudizó la producción y entrega de oncológicos.
El gobierno actual contrató a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para poner en orden la compra de medicamentos; y cuando se compraron algunos oncológicos el problema persistió porque se licitó la distribución y entrega. También se reformó el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para que hacer más fáciles las compras por adjudicación directa, sobre todo en el sector Salud. Sin embargo, estas acciones no han mejorado la situación de los miles de afectados, infantes y adultos, porque el número de pacientes sin tratamientos oncológicos sigue aumentando.
En agosto de 2020 se designó a la empresa paraestatal Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX), para que distribuya insumos médicos y todo tipo de medicamentos en todo el país. Sin embargo, el nuevo director de la empresa, el general retirado, Jens Pedro Lohmann, recién admitió que “debido al nivel de complejidad que implica el desarrollo de un sistema nacional de distribución que cubra las necesidades (del país) no se ha concluido el desarrollo del proyecto”. La nueva administración de Birmex, debe corregir e implementar el proceso de almacenamiento, distribución, etc., de más de mil 200 claves de fármacos (así se identifican los medicamentos) a la mayor brevedad, lo cual es un trabajo con muchas aristas que antes realizaban aproximadamente 200 empresas que formaban el sistema nacional de distribución de medicamentos.
Hace unas semanas, la periodista Lourdes Mendoza, dio a conocer que en las bodegas del IMSS hay oncológicos que se compraron a BIRMEX el 8 de septiembre de 2020, por un total de $10´307,625 pesos, pero con la excusa de que la presentación que les dio el proveedor no tiene clave de identificación, no se han podido usar y/o distribuir; su fecha de caducidad es 31 de agosto de 2022. La Pregunta obligada es: ¿Por qué no se dieron de alta en cuanto se recibieron? ¿Quiénes son los responsables de esta omisión criminal? ¿Acaso Zoé Robledo y los directivos responsables no están enterados que la vida de miles de infantes y adultos están en peligro a causa de la escasez de este tipo de medicamentos?
El pasado 27 de agosto, padres de niños con cáncer, ciudadanos, activistas como Adrián LeBaron, y personas afectadas de Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala,marcharon en la Ciudad de México con las consignas “quimios sí, desabasto no”, “Queremos quimios” y “Andrés Manuel asesino”, para EXIGIR que termine el desabasto de oncológicos pediátricos que lleva casi cuatro años. Se enfatizó, con toda razón, que es OBLIGACIÓN del gobierno dar atención, medicamentos oncológicos, quimioterapias y radioterapias a todos los pacientes que se atienden en los hospitales del sector salud. Una parte de los impuestos que pagamos los ciudadanos y las cuotas al IMSS e ISSSTE deben utilizarse para adquirir todo lo que requiera el sector salud; el gobierno NO está regalando nada; nosotros pagamos lo que necesitemos ahora y en el futuro.
Entre las respuestas que dio el gobierno a través del Secretario de Salud, Jorge Alcocer, están que ”las compras de medicamentos oncológicos para el 2023 (para infantes y adultos) están aseguradas”, y que “se dará continuidad al Registro Nacional de Cáncer en el que estarán incluidos pacientes de todas las edades”. Aparte, Alcocer y quienes le acompañaban pidieron a los padres de familia que hicieran un listado de los pacientes que no tienen sus medicamentos. En lo personal, esta “petición” me parece de lo más absurda e indolente porque las instituciones de Salud disponen de esa información: saben que hospitales no han recibido oncológicos y quienes son sus pacientesde cáncer; esa información debe existir en los registros, archivos, etc., de sus instalaciones. Tanto el listado como el Padrón son pretextos y pérdidas de tiempo porque es probable que aún haya desabasto de medicamentos y no se haya terminado de estructurar la logística de almacenamiento, cuidado y distribución.
El cáncer es la tercera causa de mortalidad en México y cada año 191 mil personas son diagnosticadas con esta enfermedad. A partir de 2019, ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tener cáncer ser sinónimo de muerte si no se tienen los recursos económicos suficientes para enfrentar este flagelo, debido a que el costo de 20 quimioterapias va de los 300 mil a los 350 mil pesos, y el de 20 radioterapias es de 30 mil a 35 mil pesos.
Según el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, en México el cáncer de infantes de entre 5 y 14 años constituye la segunda causa de muerte con alrededor de 2 mil muertes al año. En el caso de las mujeres, el cáncer más peligroso es el de mama el cual puede presentarse a partir de los 20 años; el cáncer que más afecta a los hombres es el de próstata, pulmón y piel.
Aún no se tiene el total de personas que han fallecieron por cáncer a partir de 2019 por consecuencia del desabasto y la mala logística de distribución, pero las marchas y manifestaciones que exigen que el gobierno cumpla con sus obligaciones, muestran que el cáncer puede convertirse en otra pandemia que marque aún más la desigualdad social, ya que se verá la diferencia entre quienes pueden pagar para salvar la vida y quienes rezan para aún estarpara cuando haya quimioterapias en el sector público.
En julio de 2021, el periodista Carlos Loret de Mola, dio a conocer que mil 600 niños fallecieron porque no recibieron medicamentos y/o tratamientos contra el cáncer. En medio de esa tragedia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, calificó a los padres de los infantes“presuntos padres de familia” y dijo que “estaban organizando un complot internacional interesado en un supuesto golpe de estado contra el Presidente”. Posturas tan indolentes y mezquinas sólo muestran la nula voluntad para reconstruir todo lo que sí funcionaba dentro del sistema de Salud Pública.
¿Será acaso que los listados, los padrones, las promesas de que para el próximo año ya habrá quimioterapias, son pretextos para no invertir en el derecho a la salud de niños y adultos con cáncer, porque, tal vez no logren votar en las siguientes elecciones? Es un planteamiento perverso, pero si vemos que en cuatro años se ha destruido todo lo que servía para designar esos recursos a “elefantes blancos”, compra de votos, etc., tal vez por ello no hay voluntad para corregir la tragedia y regresar los recursos públicos a donde corresponden.
En las administraciones anteriores nunca hubo desabasto de medicamentos oncológicos, ni para infantes ni para adultos. Pero ahora, la desesperación de los pacientes y sus familiares crece a diario por la urgencia de tratamientos porque el cáncer NO ESPERA. Tanto el presidente López Obrador, como el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el director del IMSS, Zoé Robledo, el director del ISSSTE, Pedro Zenteno y el INSABI, Juan Antonio Ferrer, han sido negligentes y omisos y deberán ser juzgados (y castigados) por todos los decesos que están ocasionando sus malas decisiones y prejuicios.
La compra y distribución de oncológicos y medicamentos en general, vacunas e insumos médicos, debe regresar a como se realizaba hasta finales de 2018, SIN INTERRUPCIONES.
