El pasado viernes 8 de julio, Olivia Rebeca Cebrecos Ruiz, asistió a una audiencia en Santa Martha Acatitla y fue privada de su libertad por un delito «fabricado» por el progenitor de su hija y hasta el momento sigue en el reclusorio de Iztapalapa.
Esto ocurrió mientras decenas de madres de los colectivos de víctimas de violencia vicaria se manifestaban cerrando la avenida Niños Heroes, frente a las oficinas del Tribunal Superior de Justicia para exigir a las autoridades que dejen de criminalizar a las madres que solo buscan proteger a sus hijos e hijas y estan siendo gravemente violentadas por los progenitores y las autoridades abusivas.
Rebeca, se acercó a las mamas del Frente Nacional de Mujeres a comentarnos que contaba con un caso muy complicado, que temía por su integridad y que estaba por ratificar sus medidas de protección, por enfrentarse en la corte al progenitor de su hija de seis años; José Miguel N. quién es abogado de profesión y fue, además, el abogado que defendió a Juan Carlos García, el asesino de Abril Perez Sagaon.
Recordemos este aberrante feminicidio en el que J. García, ex directivo de Amazon México, quien no conforme con haberla agarrado a batazos para matar a Abril y no lograrlo, tras salir libre de prisión después de un par de meses cuando José Miguel N., su abogado y ahora agresor de Rebeca, logró que el juez cambiara la tipificación del delito de ‘tentativa de homicidio’ por ‘violencia familiar’, García, salió de prisión a los pocos meses y pagó 180 mil pesos a unos sicarios para que acribillaran a Abril en presencia de su hijito y su abogado al salir de una audiencia en la Ciudad de México.
Rebeca, está privada de su libertad por un delito que le ‘fabrico’ el defensor de un feminicida. De acuerdo con versiones de José Luis Morales, quien hasta ese momento fuera el abogado penalista de Rebeca, a ella le dictaminó la juez Nayelli Ivonne Cortez Silva, medida cautelar de prisión preventiva por presunta ‘Falsedad de testimonio’ y ordenó dos meses de reclusión al interior del penal de Santa Martha Acatitla, mientras se desarrolla la investigación. La juez presumió que Rebeca, incurrió en falsedad de testimonio por asegurar que su progenitor no da pensión, pues su hija no ha recibido ningún aporte de obligaciones alimentarias dado que ni siquiera se ha fijado una pensión. Sin embargo, José Miguel N., supuestamente consignó esa pensión, no sabemos a donde, ni lo hizo saber de manera oficial, y por eso la juez presumió que Rebeca, mintió.
Por más que su defensor insistió a la juez en que ese delito no ameritaba una medida cautelar de esa magnitud y que debía juzgar a Rebeca, con perspectiva de género, la juez amenazó a Morales, con abstenerse de hacer esos señalamientos, pasándose por ‘el arco del triunfo’ las leyes de convenios internacionales que salvaguardan los derechos de las mujeres y de los menores, pues a Rebeca la espera en casa su hijita de tan solo seis años.
Minutos antes de su detención, Rebeca le pidió a su abogado que acudiera a las representantes del Frente Nacional de Mujeres. Le manifestó el temor de que durante su detención su hijita corriera peligro al igual que su madre, quien es una persona de la tercera edad, por lo que le pidio que solicitara el apoyo de las activistas, pues sabía que las autoridades se muestran indolentes, omisas y que nada harían por ella.
Al dirigirnos algunas activistas al día siguiente al reclusorio para manifestarnos por su detención y para la convocación a los medios de comunicación, el taxista que nos llevaba me dijo: «oiga pero pues va a salir la muchacha ¿no?, en México las leyes se inclinan a proteger a las mujeres, ¿no?», esta es una frase que en repetidas ocasiones he escuchado y nulas veces he visto puesta en práctica, pues en los juzgados y fiscalías impera la misoginia. Y se debe de desmitificar esta creencia pues la realidad es que al Estado no le alcanza para proteger a mujeres como Rebeca, ni a todas las que mueren cada día a manos de sus feminicidas. Tendría que lograr defenderla no solo de un agresor altamente peligroso, por su perversidad, por su poder adquisitivo, por su trafico de influencias, por la capacidad que tiene para ‘torcer la ley’. Al Estado no le alcanza para defenderla porque los que se supone que deben hacer valer sus derechos aplican con todo el peso, la ‘Ley de Herodes’, eso sí contra quien su vulnerabilidad se los permite.
En un país en donde, de más de un millón 183 mil denuncias por violencia, el 80% de estos delitos fueron perpetrados por hombres. Más de un millón de estas agresiones tuvieron lugar en el ámbito familiar, más de 800 mil fueron por violencia psicológica y solo se emitieron 160 mil órdenes con medidas de protección, de acuerdo con cifras oficiales del Banco Nacional de Datos e información sobre casos de Violencia contra las Mujeres. Lo que claramente refleja lo normal que es la violencia intrafamiliar y que no pase nada.
La violencia vicaria es en sí misma una violencia que criminaliza a la madre, esto ocurre cuando el progenitor maltratador usa a los hijos para violentar a su mamá, mediante mecanismos legales y el abuso de poder de las instituciones. Se valen de denuncias falsas, demandas fraudulentas, sustracción, ocultamiento de los menores, para no ‘dar pensión’, para ‘borrar’ a mamá, para romper el vínculo con sus hijos y causar el mayor daño y dolor posible. Y todo esto ocurre a la sombra, la complicidad y el amparo de las autoridades corruptas y/o machistas.
Tan solo en una semana, Rebeca se sumó a la lista de los abusos de autoridad y fue la tercera mama de la que los colectivos feministas en contra de la violencia vicaria tuvimos reporte de estar en prisión por denuncias fraudulentas y por ser criminalizada por las autoridades.
Yetlanezi Baltierrez, fue detenida el 4 de julio en Caborca, Sonora con violencia por integrantes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para ejecutarle una orden de aprensión que solicitó el progenitor de su hijo de 18 años por presunto incumplimiento de pensión alimenticia. Yetlanezi, lleva cuatro años viviendo violencia vicaria y apartada de su hijo a quien no podrá ver hasta febrero del 2023. Su agresor Fabian Francisco N., logró que la Físcalía de Menores lo encubriera y asegurara que ‘la vida de su hijo corría peligro con ella’, y en 2019 apartaron al menor de su mamá con una ‘providencia cautelar’, Yetlanezi sufrió repercuciones fuertes en su salud después de esta situación, padeció crisis de parálisis de movimiento y fue intervenida quirurgicamente de la columna, hasta la fecha se encuentra en incapacidad misma que no le permite trabajar. Fabian Francisco N., demandó el incumplimiento de pensión alimenticia aún cuando no estuviera fijada y sin importar la incapacidad de Yetlanezi por salud, sujetos de la AMIC se estrellaron contra su vehículo para detenerla, luego de perseguirla, aún cuando ella se había presentado en el juzgado de manera voluntaria. Ella transmitió en vivo su detención abusiva en su cuenta de Facebook. Con ayuda de la intervención de los colectivos y relatores de la CNDH estatal logró ser puesta en libertad.
Actualmente se estima que hay mas de 35 millones de deudores alimentarios a los que el estado no les deja caer toda la fuerza de autoridad, ni son perseguidos, ni arrestados, ni sus autos son chocados por ministeriales para «agarrarlos», hay 35 millones de padres ausentes desobligados que se escudan en la impunidad de inclumplir con sus obligaciones de proveer a sus hijos y a los cuales no les dejan caer el peso de las fuerzas de seguridad pública, de acuerdo con estimaciones del Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios. Y ninguna mujer debería ser violentada ni terminar muerta o en prisión por demandar los alimentos de sus hijos, pues exigir la pensión es también una obligación y no una extorsión.
El mismo viernes 8 de julio en Puebla, Luz del Carmen Arredondo, se entregó de manera voluntaria a la Fiscalía General del Estado a las autoridades para cumplir un arresto por no haber presentado a su hijo a una convivencia, en horario de clases. Ella al percatarse de la presencia de elementos de la Policía de Investigación afuera de la escuela de su hijito, decidió presentarse de manera voluntaria para que el menor no presenciara tal escena. Su orden de arresto se implementó por insistencia del progenitor y de la Fiscalía, sin importar que el progenitor de su hijito lo sustrajera durante un año y medio y posteriormente durante una semana y no recibiera consecuencia alguna.
Rebeca, Yetlanezi y Luz, son tres casos en tan solo cinco días de detenciones a mujeres orquestadas por los progenitores de sus hijos, con la ayuda de autoridades abusivas, que no vacilaron en dictaminar resoluciones en las que dejaron ir todo el peso de la autoridad, en el que prejuzgaron a mamás que solo estan buscando proteger a sus hijos y hacer valer sus derechos; resoluciones en las que han priorizado los intereses de sujetos violentos y perversos y han coaccionado con centros penitenciarios y fiscalías, y agentes ministeriales de dependencias cuyos presupuestos están destinados a la investigación criminal, para arrestar a unas mamás.
La violencia vicaria en sus expresiones más violentas terminan en el infanticidio y en el feminicidio. Y desde luego con el violento encarcelamiento de la mamá de sus hijos. Pero no está por demás en insistir en quitarnos la venda de los ojos de la violencia tan normalizada para abrirlos de par en par ante la brutalidad del macho agresor que insiste en meter a la mamá de sus hijos a prisión con mordidas y mentiras, ¿qué se puede esperar de un sujeto de ese calibre de patán? Un personaje de este tipo NO es un buen papá, aunque lo diga un magistrado, aunque lo diga un juez de amparo o un juez penal o familiar; no es y no será nunca un buen papá para sus hijos, porque aunque se haga el que “no mata ni una mosca” y se disfrace de “papá ejemplar”, “papá consciente” y cuantas máscaras le de su psicopatía a fabricar, es un abusador emocional y generador de violencia familiar. Y mientras los juzgadores no lo quieran reconocer y hagan que sean acreedores a perder la patria potestad y no la puedan recuperar, los índices de violencia familiar no van a bajar y situaciones así solo se van a magnificar.
Estos NO son casos aislados, son casos que «llegaron muy lejos», ¿cuanto? todo lo que las autoridades se prestaron a hacerlo llegar lejos, lo sabemos las mujeres que ya pasamos por eso. Que nos montaron «cuatros», nos escondieron ordenes de arresto, que nos «cayeron» y, nos «encañonaron», nos detuvieron, nos esposaron y nos encerraron por mentiras y lana de un fulano. Y nos ‘entamban’ para someternos, para meternos miedo, para que les den la guarda y custodia porque su ‘mala madre’ esta en el ‘tambo’, para que nos desistamos de nuestros pequeños y desde luego para victimizarse perversamente ante la sociedad.
Lo sabemos todas las que vencimos el terror al encierro, al no saber si saldríamos, al estar entre delincuentes y otras madres que también solo querían proteger a sus crías. Porque cuando lo vives en silencio crees que sólo a ti te pueden pasar aberraciones así, la realidad es que no, incluso le puede pasar a cualquier mujer que demande pensión para su bebé.
Lo escribo por experiencia propia, y también lo sabe Natalia Lococo, lo sabe Celeste Román, a quien su agresor incluso le ha hecho pasar por lo mismo varias veces, lo sabe Jesica Parral, y lo saben otras mamas que tienen la amenaza de correr el mismo destino proximamente. Como Lisi Celis, Laiza Mabel Contreras, a quien acusan hasta de ‘huachicolera’, Mirna Artalejo Aragón, Grisell Balderas Jonguitud, Diana Alejandra Sánchez Gonzalez, y tantas más que como Rebeca, están en estos momentos pasando por la misma aberración en prisión.
Exigimos a las autoridades la liberación inmediata de Rebeca Cebrecos, así como hacer valer su protección, la exigimos para ella, su hijita y su madre. Basta de criminalizar a las mamás, basta de tanto abuso de autoridad y de impunidad. Basta de tanta misoginia y de tanta violencia institucional contra las mamás.
