Por Carolina Andrade
#MujeresEnSeguridad #Amassuru #Ecuador
El pasado mes de abril, el Presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, emitió el Decreto Ejecutivo 707 en el que se autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal. Esta decisión buscó responder al escenario de histórica violencia y criminalidad que vive el país. No obstante, la evidencia muestra que no existe una relación entre la tenencia de armas de fuego y la reducción de violencia, más bien supone su incremento, especialmente en hechos de violencia en contra de las mujeres.
El 2022 fue el año más violento del Ecuador en su historia reciente. La tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes escaló de 13,7 a 25,6 en un año. En consecuencia, Ecuador se ubicó como el sexto país más violento de la región por encima de México y un poco por debajo de Colombia. En 2022, el 86% de homicidios intencionales en Ecuador fueron perpetrados por un arma de fuego, con un incremento del 17% en relación a 2021. El punto más bajo, durante los últimos 22 años, fue en 2017 y 2018 cuando 47.6% y 46.7% de los homicidios fueron con armas de fuego respectivamente.
La violencia contra las mujeres también se ha intensificado. Fundación Aldea evidenció 322 feminicidios perpetrados en 2022, de los cuales el 32% se llevaron a cabo con un arma de fuego. Adicional, el uso de armas blancas y el estrangulamiento son utilizados por los femicidas en los propios hogares. De acuerdo con datos de la misma organización, se estima que 189 de estos femicidios estuvieron relacionados con la delincuencia organizada. El 2022 registró las cifras más altas y alarmantes de violencia contra las mujeres desde el 2014.
El Ecuador nunca vivió los niveles de violencia y criminalidad existentes el día de hoy. Entre 2010 y 2016, existió una disminución sostenida de homicidios intencionales, así como también del porcentaje de muertes violentas ocasionadas por armas de fuego. Durante este período, la tasa de homicidios alcanzó su mínimo histórico de 5,8 por cada 100.000 habitantes, ubicando a Ecuador entre los países más seguros de América Latina y el Caribe.
En este mismo periodo se adoptaron políticas de control de armas que buscaron restringir fuertemente el uso y la comercialización de armas a través de cuatro normativas. Por un lado, la prohibición de importaciones de armas de fuego, el incremento al impuesto por consumos especiales a su comercialización al 300%. Asimismo, se adoptó el Acuerdo Ministerial 001 que prohibió el porte de armas para uso civil y dificultó el acceso a otros actores; y finalmente, la prohibición definitiva de la fabricación de armas artesanales.
A pesar de que la evidencia muestra que estas políticas de control de armas acompañaron otras acciones que permitieron una reducción de los homicidios en Ecuador, el gobierno actual ha optado por la flexibilización y permisividad al acceso de armas. En enero de 2023, el impuesto para comercialización e importe de armas y municiones se redujo del 300% al 30%. Además, el legislativo aprobó las reformas para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral enviadas por el ejecutivo, que incluyeron cambios al porte y tenencia de armas en el Código Orgánico Integral Penal. Esta normativa sentó el precedente para la posterior emisión del Decreto 707 que autorizó el porte de armas de uso civil.
Desde diversos sectores, el Decreto ha sido ampliamente cuestionado. Esta parece ser más una medida reactiva que preventiva ante una problemática a la que no se plantean respuestas integrales y que día a día se intensifica. Además, la evidencia muestra que las armas de fuego son hoy en día utilizadas en 8 de cada 10 homicidios, y desde el 2018 su uso ha ido en aumento. En consecuencia, una mayor flexibilización a su acceso, sin garantías ni procesos institucionales fortalecidos agravan la situación de violencia.
Un potencial riesgo que no ha sido considerado por el ejecutivo es cómo el decreto afecta la seguridad de las mujeres. Varios estudios han determinado que la presencia de un arma de fuego en el hogar aumenta el riesgo de muerte para las mujeres entre un 200% y 500%. Además, el Center for American Progress encontró que las armas de fuego se utilizan más que cualquier otra arma en la violencia de pareja íntima. Estos datos son sumamente alarmantes, considerando que el 40% de los femicidios en Ecuador son perpetrados por una pareja, o por un familiar dentro del hogar.
A esto se suman otros tipos de violencia. Desde 2014 hasta 2022, aproximadamente 1500 niños y niñas han quedado en situación de orfandad a causa de un femicidio. Además, datos estiman que menos del 10% de mujeres que viven en una situación de violencia la reportan o denuncian, siendo esta una problemática casi indetectable y que con la autorización del porte de armas se puede tornar en violencia letal.
En conclusión, el Decreto 707 implicó el abandono del Estado ante su responsabilidad de brindar protección y seguridad a la población, pero más aún indica un abandono categórico hacia las mujeres ecuatorianas. La falta de reflexión basada en evidencia detrás de esta decisión suscita situaciones de alta vulnerabilidad para las mujeres dentro y fuera de sus hogares. El 2022 ya fue el año más letal para las mujeres en Ecuador, por lo que cabe preguntarnos qué nos depara a las mujeres este año, en un país donde el crimen organizado gana terreno y la violencia se normaliza cada día.
La opinión de la autora no compromete la posición institucional de Amassuru
Foto de RSS Composición LSR
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