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Por Alejandra Bahena Iturralde
Las autoridades mexicanas han vuelto a fallarles a las madres buscadoras. El pasado 24 de abril, hombres armados atacaron a María del Carmen Morales y a su hijo Jaime. María del Carmen formaba parte del colectivo Guerreros Buscadores, quienes apenas dos meses atrás descubrieron en Teuchitlán, Jalisco, un campo de exterminio y reclutamiento operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este ataque no fue un hecho aislado: como muchos otros familiares de desaparecidos, María del Carmen ya había sido amenazada por integrantes del crimen organizado tras ese hallazgo.
Los colectivos de búsqueda, conocidos como madres buscadoras, se han convertido en actores fundamentales y muchas veces incómodos dentro de la crisis de desapariciones forzadas en México. Aunque la violencia del crimen organizado afecta en su mayoría a hombres jóvenes, son estas mujeres quienes han asumido la tarea de buscar lo que el Estado no ha querido o no ha podido encontrar.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las madres buscadoras se convirtieron en un contrapeso político. El entonces presidente llegó incluso a enfrentarlas públicamente. Hoy, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, el discurso ha cambiado y ha declarado estar de lado de las víctimas, pero en la práctica, el respaldo prometido a las víctimas sigue sin materializarse.
Los colectivos ciudadanos han localizado fosas clandestinas en al menos 24 estados del país. Según datos de Quinto Elemento Lab, en 2023 se registraron más de 5,600 fosas. Tan solo en lo que va de 2025, se han descubierto 40 nuevas fosas en Chihuahua, 16 en San Luis Potosí y una en Tamaulipas. Pero fue el descubrimiento del Rancho Izaguirre en Jalisco lo que volvió a encender la indignación nacional. El lugar había sido previamente inspeccionado por autoridades estatales y federales tras un enfrentamiento en septiembre de 2024, fue reexaminado por Guerreros Buscadores tras recibir una llamada anónima. Allí encontraron restos humanos en hornos artesanales, así como ropa, calzado y objetos personales. Se estima que unas 200 personas pudieron haber sido reclutadas en ese lugar. De muchas, aún no se sabe nada.
Este hallazgo expuso lo que ya era evidente: la profunda incapacidad y en ocasiones, la aparente complicidad de los tres niveles de gobierno para enfrentar la crisis de desapariciones. Al poco tiempo de la difusión mediática del caso, presuntos miembros del CJNG publicaron un video en redes sociales cuestionó la versión de los colectivos y lanzó amenazas directas contra ellos.
Las amenazas, sin embargo, no son nuevas. Desde 2010, al menos 28 personas dedicadas a la búsqueda han sido asesinadas o desaparecidas. Los colectivos han solicitado medidas de protección al Estado, sin obtener respuestas efectivas. Incluso han acudido a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicitaron un mecanismo especial para garantizar su seguridad. A la fecha, no ha pasado nada.
La violencia contra las madres buscadoras no es solo física. También es simbólica. En redes sociales como X (antes Twitter), se han detectado campañas de desprestigio contra mujeres como Ceci Flores, una de las voces más visibles del movimiento, a quien se ha intentado vincular con criminales. La mayoría de estos ataques parecen provenir de cuentas automatizadas o pagadas, con el único fin de silenciar su voz. Funcionarios públicos tampoco han sido ajenos a esta estrategia: el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha cuestionado públicamente la legitimidad de sus hallazgos.
Hace unas semanas, el presidente del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, Olivier de Frouville, anunció la apertura de un proceso urgente sobre México. La respuesta del partido en el poder fue pedir su destitución por “difamar” al Estado mexicano. En respuesta, las madres buscadoras clausuraron simbólicamente el Senado, recordando lo que el gobierno quiere olvidar: en México, las desapariciones forzadas siguen siendo una realidad.
El Estado comete un gran error al tratar a las madres buscadoras como enemigas. Ellas no son oposición, son víctimas. No buscan desestabilizar al gobierno, buscan a sus hijos. Es momento de que el gobierno de Claudia Sheinbaum escuche, no confronte; proteja, no minimice; y actúe, no simule. Tiene en sus manos la posibilidad de marcar una diferencia: de pasar a la historia no solo como la primera mujer presidenta, sino como la mandataria que cambió el enfoque de seguridad hacia uno con perspectiva de género, centrado en las víctimas.
Negar esta crisis por cuidar una narrativa oficialista es una herencia del sexenio anterior. Superarla, es la oportunidad de este.
La opinión de las autoras no compromete la posición institucional de Amassuru
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