Por Angélica de la Peña
El calificativo de “generalizado” molesta a los gobiernos porque evidencia un estado deficiente y omiso, que no previene, no atiende y mucho menos sanciona los delitos que desde el Estado, se dejan en la impunidad por omisión o por comisión.
Lanzar la bolita a otro lado es común, como lo constatamos respecto al recién asesinato de María del Carmen Ramírez y su hijo, quien buscaba a su hijo desaparecido y participaba en el colectivo de familiares que descubrió el Rancho Izaguirre en Jalisco.
Ninguna autoridad puede eximirse de responsabilidad puesto que se trata de delitos que han gozado de impunidad desde el Estado; su crecimiento, su ocultamiento y no resolución no es un invento de contenido político, sino de falta de justicia.
La desaparición forzada se padece de forma generalizada, pero también la tortura se evidencia de manera generalizada. Y cuando oyen este adjetivo las y los funcionarios públicos, ya en el poder, brincan indignados. Responden como si de un agravio se tratara cuando la realidad demuestra que la impunidad se sustenta precisamente en querer ocultar la realidad; no importa el partido que gobierne, se va dejando al paso del tiempo estos graves delitos. Y ante señalamientos de integrantes de comités o relatorías de los organismos internacionales sobre derechos humanos, invariablemente se indignan “por la intromisión a nuestra soberanía”.
Recordemos la visita a Mexico del Relator Especial de Naciones Unidas Sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2014, el Doctor Juan E. Mendez, después de verificar las denuncias de organizaciones de la sociedad civil, y las denuncias contra tortura, señaló “La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”.
Este señalamiento le valió el enojo del gobierno de Peña y el entonces subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la SRE -que hoy es Juez en la Corte Internacional de Justicia- dijo que el Relator de NU era irresponsable y poco ético. En reunión privada enfatizó que Mendez nunca regresaría a México. Sin embargo regresó a nuestro país en 2016 invitado por el Senado a una reunión de trabajo donde estábamos gestando la Ley contra la Tortura. La tortura practicada por agentes del Estado, está directamente detrás en la mitad de la desaparición forzada.
Si le preguntáramos a Juan E. Mendez, quien fue preso y torturado durante la dictadura de Argentina, cuál es el camino hacia la legalidad, nos diría lo que nos dijo en sus visitas: imprescindible corregir las fallas estructurales, porque repetidas a nivel federal y estatal, potencian la impunidad.
Quienes compiten, prometen, incumplen, postergan la solución, y terminan su encargo: son demagogos. La demagogia, uno de los mayores males en la sociedad.
La omisión frente a las graves violaciones a los derechos humanos como la tortura, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la trata de personas en todas sus formas, el feminicidio, la esclavitud moderna, el genocidio y el racismo, afectan los derechos fundamentales de la vida, la integridad personal, las libertades y la dignidad humana.
Por cierto, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura adscrito a la Comision Nacional de los Derechos Humanos brilla por su ausencia.
Defensora de Derechos Humanos
