Análisis criminal e inteligencia en México: puntos clave para fortalecer la investigación de delitos

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Por Gabriela López y Denisse Valdés

La violencia sigue cobrando miles de vidas cada año en México, y la sensación de inseguridad domina gran parte del territorio nacional. Tan solo en 2024, se registraron 30,047 víctimas de homicidio doloso (SESNSP, 2025), mientras que el 73.6 % de la población reporta sentirse insegura en su ciudad (INEGI, 2024). Los datos reflejan no solo la magnitud del problema, sino también la urgencia de transformar las capacidades institucionales para prevenir los delitos, investigarlos con mayor efectividad y asegurar que los delitos no queden impunes. 

En este contexto, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030 busca articular una respuesta institucional integral a los fenómenos delictivos que afectan al país. Uno elemento central de esta estrategia es el Eje 3, que plantea el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación como parte de la política de seguridad. Como parte de esta transformación, la iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública establece “pasar hacia un modelo guiado por la inteligencia”, en el que el análisis de la información permita anticipar dinámicas delictivas, neutralizar generadores de violencia y fortalecer las investigaciones penales mediante productos de inteligencia que aporten evidencia para la toma de decisiones y la integración de carpetas.

Propuestas para fortalecer el análisis criminal en México

1. Reconocer la figura del analista criminal a nivel normativo.
   Para que el nuevo enfoque de inteligencia sea viable, se requiere consolidar la figura del analista criminal. En México, estos perfiles son clave para detectar patrones, establecer vínculos entre actores delictivos y proponer hipótesis de investigación. Su relevancia aumentó desde la implementación del Sistema Penal Acusatorio, que fortaleció la exigencia de investigaciones técnicas, sustentadas en pruebas científicas y datos verificables. Sin embargo, en varias Fiscalías y corporaciones policiales, su papel no está claramente definido en los marcos normativos. En algunas entidades, las funciones de análisis recaen en policías de investigación, peritos habilitados o incluso personas con profesiones ajenas al ámbito, lo que genera incertidumbre sobre sus atribuciones específicas, dificulta su acreditación como testigos expertos en juicio, perjudica la validez y pertinencia de los productos de análisis y obstaculiza su integración plena en los equipos de investigación.
2. Desarrollar un servicio profesional de carrera para las personas analistas criminales.
   Implica construir programas de profesionalización y especialización. Actualmente, muchas personas se incorporan a estas funciones sin una formación específica en análisis criminal y aprenden en la práctica, lo que genera altos niveles de variabilidad entre instituciones. Definir un perfil técnico-operativo con formación especializada permitiría fortalecer sus capacidades para producir inteligencia operativa y estratégica. En una investigación realizada por LAB-CO sobre el estado del análisis criminal en México en 2024, se encontró que, de 436 analistas en Fiscalías Estatales, el 64% tenía entre 1 y 5 años de experiencia, el 24% indicó no contar con certificaciones en la materia y el 87% reportó no haber recibido promociones desde su ingreso. Los datos evidencian la necesidad de un sistema de carrera que favorezca la permanencia, especialización y consolidación de equipos.
3. Impulsar un enfoque estratégico y proactivo del análisis criminal.
   Requiere dejar atrás la lógica de responder caso por caso y avanzar hacia un esquema que permita identificar fenómenos delictivos recurrentes y generar investigaciones dirigidas a desarticular a quienes generan dinámicas de violencia en un territorio. Un enfoque de este tipo permite aprovechar las capacidades de inteligencia para intervenir de forma oportuna. Actualmente, muchos productos de análisis se generan únicamente en respuesta a solicitudes del Ministerio Público, sin que las personas analistas participen en la definición de las líneas de investigación; esta dinámica reduce el potencial del análisis criminal como herramienta para construir investigaciones sólidas y contribuir a una política de persecución penal más efectiva.
4. Asegurar la incorporación legal del análisis criminal en los procesos penales.

Los productos de análisis criminal deben utilizarse formalmente en las investigaciones y en juicio. Para lograrlo, se requiere contar con marcos normativos, lineamientos y protocolos que respalden la legalidad de la información, desde su búsqueda, recolección, hasta su integración y presentación como elementos de prueba lícitos en audiencias de juicio oral. Actualmente, muchos de estos productos no se incorporan a las carpetas de investigación, ya sea por vacíos regulatorios, falta de reconocimiento formal o por limitaciones técnicas y jurídicas en su elaboración. Resolver estas limitaciones es clave para que el análisis criminal realmente contribuya al esclarecimiento de los hechos y a la acreditación de responsabilidades.

5. Fortalecer la coordinación operativa entre actores de la investigación penal.
   La tetralogía de investigación —ministerios públicos, policías de investigación, peritos y analistas— debe operar como un engranaje articulado. Esto implica compartir información, establecer prioridades comunes, y tomar decisiones conjuntas sobre líneas de investigación específicas. Sin esta coordinación operativa, difícilmente se podrán construir investigaciones robustas y orientadas a resultados. Las corporaciones policiales también deben consolidar su papel dentro de este engranaje, aprovechando su conocimiento del territorio para aportar productos útiles tanto a la seguridad pública como a la procuración de justicia.

Implementar estas cinco medidas no solo fortalecería la función de inteligencia en el sistema de seguridad y justicia, sino que permitiría aprovechar mejor el talento técnico en análisis e inteligencia ya existente en las instituciones. En un país con recursos limitados y desafíos significativos, profesionalizar y consolidar el análisis criminal es una apuesta estratégica para construir investigaciones más sólidas y desarticular estructuras delictivas con mayor efectividad.

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Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.

Imagen creada con IA por LCR