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Por Lorena Villavicencio
La seguridad pública más allá de la militarización en Ecuador
El 9 de enero de 2024 el gobierno del Ecuador declaró el conflicto armado interno. Aparentemente esa era la única respuesta posible ante la escalada de violencia en el país. Once meses después, el Ministerio del Interior reportó un decrecimiento del 19 % en el índice de homicidios intencionales. Una reducción de menos de la cuarta parte de los homicidios no fue el escenario que públicamente se ofreció a pesar del extenso despliegue del contingente militar a todos los niveles y de las funciones de seguridad ciudadana temporalmente asumidas, en los centros de privación de libertad, combate a la minería ilegal, apoyo en la seguridad interna y lucha contra el crimen organizado.
Al respecto, el gobierno ha planteado una serie de medidas destinadas a hacer frente a la violencia situando al contingente militar en el centro del accionar estatal. Además se legitimó y legalizó la militarización en la seguridad interna. Al situar a las Fuerzas Armadas como eje central de contención y combate, la política gubernamental en materia de seguridad promovió su gestión por medio de normas sobre endurecimiento de penas y el rol de las Fuerzas Armadas.
Esto fue evidente en los primeros meses de gobierno, durante abril de 2024 cuando la ciudadanía votó en las urnas por un total de 11 preguntas, 5 del referéndum y 6 por la consulta popular. De las preguntas del referéndum una se relacionaba con seguridad y se orientaba al rol de las Fuerzas Armadas a través del apoyo complementario en las funciones de la Policía Nacional, reformando parcialmente la Constitución.
En cuanto a la consulta popular 5 preguntas se orientaron a la seguridad. Una pregunta trascendental fue la que propuso el rol del personal militar en el control de armas, municiones, explosivos y accesorios de manera permanente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de privación de libertad. Esta asignación de funciones militares a acciones inherentes a la policía nacional y al ente rector del sistema penitenciario, promovió un reforzamiento de las tareas generadas y un ámbito adicional para las Fuerzas Armadas. Además, como parte de la militarización, también se propuso reformas al Código Integral Penal enfocadas en la tipificación de delitos de tenencia o porte de armas, municiones o componentes de armas de uso facultativo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.
El alto grado de aceptación ciudadana manifestada en la aprobación de todas las preguntas relacionadas con seguridad y endurecimiento de penas a través de la consulta y el referéndum, facultó la militarización. Sin embargo, a pesar de lo anterior, el resultado conduce a indicar que se ha producido un desgaste inminente de las fuerzas armadas. Al respecto, Ecuavisa informó que para mayo de 2024 fueron presentadas aproximadamente 6.000 solicitudes de baja voluntaria. Esto representa un incremento del 410% si se compara con el número de bajas de 1178 en 2023. Ante lo cual, el gobierno propuso el reentrenamiento de personal militar en reserva por el lapso de año; este contingente colaborará en la defensa de la soberanía e integridad territorial y en operaciones en el ámbito interno.
También, la preponderancia de la respuesta militar, fue ampliada por medio de una segunda propuesta de reforma constitucional en trámite. Este proyecto ya ha superado una primera fase al ser aprobado por la Corte Constitucional el 3 de octubre de 2024 y lo que propone es la desconstitucionalización de la norma suprema que prohibía el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Al respecto, se busca modificar el artículo 5 de la Constitución, que actualmente establece “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”. Ante lo cual, el gobierno plantea eliminar parte del artículo citado, dejando una norma declarativa que el Ecuador es un territorio de paz. De ser aprobado por la Asamblea, este proyecto pasará a ser parte del referéndum planificado para febrero de 2025, en el marco de las elecciones presidenciales.
Constitucionalizar o desconstitucionalizar un aspecto tan delicado como el establecimiento de bases militares extranjeras, debe obedecer a un plan nacional integral de seguridad. Es importante preguntarnos si este debate constitucional fue determinado a través de un análisis profundo que incluya perspectivas de cooperación militar, ubicación, estándares de derechos humanos, sostenibilidad y mantenimiento a largo plazo, desafíos, ventajas y desventajas en el marco de la política exterior. Debido a que si existe aceptación de la reforma constitucional en el debate público, también podría generar discrecionalidades sobre el manejo de las bases por parte de los gobiernos de turno y sus afinidades geopolíticas. Tal como menciona la periodista Carolina Mella, la pregunta sería si el próximo Gobierno podría abrir la puerta a que China o Rusia instalen bases en el país y cómo podría afectar las relaciones con otras naciones. Todo esto resulta interesante si consideramos la dependencia de las balanzas comerciales del Ecuador con estos países, e incluso el tratado de libre comercio con uno de ellos.
El debate de la desconstitucionalización de la prohibición de bases militares extranjeras no se puede reducir a que si esto es algo bueno o malo en el corto plazo. No se puede pretender que el establecimiento de bases solucionen problemas de violencia estructural que vive el país y las debilidades institucionales latentes. Es necesario saber cuáles son las políticas y a qué doctrinas están anclados los esfuerzos en materia de seguridad más allá de la militarización, a fin de promover una política de estado.
La opinión de las autoras no compromete la posición institucional de Amassuru
Foto Captura de Pantalla desde X, Compisición LCR
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