Por Guadalupe Ramos Ponce | Mirada Violeta
Esta semana me encuentro en Honduras para participar en la Corte Suprema de Justicia en un Conversatorio para juzgar con perspectiva de género. Honduras es catalogado como uno de los países más violentos en contra de las mujeres, adolescentes y niñas. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en el año 2022, observa que: ‘‘La violencia contra las mujeres continúa siendo sumamente grave.
El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha reportado 252 muertes violentas de mujeres y femicidios de enero a octubre de 2022, comparada con los 330 casos registrados en todo 2021.’’
El contexto de violencia que se vive en el país ha crecido de manera exponencial, lo que ha agudizado la violencia contra las mujeres hondureñas que enfrentan violencia física, sexual y psicológica en diferentes ámbitos de sus vidas, tanto en el hogar como en la comunidad. Los femicidios, la violencia doméstica y el acoso sexual son fenómenos comunes que amenazan la seguridad y la dignidad de las mujeres en el país.
El Poder Judicial Hondureño ha decidido fortalecer el sistema de justicia, de manera que puede enviarse un mensaje contundente de no tolerancia a delitos motivados por razones de género. En ese sentido, como parte del sistema de justicia, la Corte Suprema, asumió la responsabilidad de sensibilizar y fortalecer las capacidades de análisis con perspectiva de género y enfoque interseccional del funcionariado jurisdiccional y administrativo y recabar estadísticas desagregadas basadas en género que permitan diagnosticar las deficiencias y reconocer los desafíos para combatir la impunidad en estos casos.
Es esperanzador que el Poder Judicial Hondureño pudiera asumir como compromiso institucional, juzgar con perspectiva de género en todas las resoluciones emanadas del Poder Judicial, sensibilizar a las y los funcionarios jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial sobre la situación estructural e histórica de violencia basada en género que sufren mujeres, niñas y personas sexo-género diversas, capacitar a las y los funcionarios judiciales sobre estándares internacionales en materia de género para juzgar con perspectiva de género y cumplir obligaciones internacionales en la materia. Todo esto con el fin de que la Corte Suprema de Justicia mejore el acceso a la justicia con perspectiva de género interseccional.
La Corte Hondureña necesita asumir una vocación transformadora; dos enfoques son útiles para desarrollar este análisis.
1. El enfoque transformador, que permite considerar las razones estructurales que dieron origen a la violación de derechos humanos, y
2. El enfoque de género, que sirve para visibilizar las formas específicas de violencia y discriminación que se ejerce contra ciertos grupos en razón de su género o cualquier otra condición de subordinación.
La obligación del Estado, a través de sus operadores judiciales, incluye poner fin a la violación de derechos; ofrecer seguridades y garantías adecuadas de no repetición, incluyendo medidas transformadoras de la situación que dio origen a la violación de derechos y reparar íntegramente el perjuicio causado, que comprende todo daño, tanto material como moral, causado por el hecho.
La judicatura es la única responsable de la eficacia de sus decisiones. De la precisión y monitoreo efectivo de las medidas de reparación que asignen, depende tanto la restitución de los derechos de la víctima como la transformación eficaz de la situación que dio origen a la violación de derechos.
La Corte Suprema de Justicia hondureña se encuentra en la posibilidad histórica de ser la piedra angular de los cambios transformadores en su país.
Dra. María Guadalupe Ramos Ponce
Coordinadora de CLADEM en México. Profesora Investigadora de la UdeG.
@dralupitaramosp
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