La Red Nacional de Refugios exige recursos para frenar la violencia feminicida

por La Costilla Rota

LaCostillaRota. 11 de marzo, 2026.- Mientras los pasillos de las Naciones Unidas en Nueva York se llenan de discursos sobre el empoderamiento de las mujeres en la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), la realidad en las calles de México dicta una sentencia mucho más cruda: cada tres horas, una mujer es asesinada. Bajo esta urgencia, la Red Nacional de Refugios (RNR) ha lanzado un grito de auxilio global para advertir que, sin un presupuesto garantizado para los espacios de protección, la justicia en México no es más que una simulación.

La movilización de la Red, que este miércoles se manifiesta de manera simultánea en la sede de la ONU y en territorio mexicano, pone el dedo en una llaga institucional que duele profundamente. No se trata solo de cifras, aunque estas sean devastadoras: 752 mujeres enfrentan violencia familiar cada día y casi 30 mil han tenido que buscar refugio en los últimos dos años para salvar la vida. El punto central de la exigencia es que estos espacios no son «programas de asistencia» o caridad, sino la última línea de defensa que separa a una mujer de la muerte.

Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR, se pronunció: la justicia sin recursos es solo discurso. La preocupación radica en un cambio de rumbo en las políticas públicas mexicanas para este 2026. La eliminación de la autonomía del Programa de Refugios en el Presupuesto de Egresos de la Federación ha encendido las alarmas, pues debilita la capacidad de respuesta de organizaciones que llevan más de un cuarto de siglo haciendo el trabajo que el Estado, a menudo, no alcanza a cubrir.

Para las activistas, resulta contradictorio que México firme convenios internacionales como la CEDAW o Belém do Pará, mientras a nivel interno se asfixia financieramente a los organismos de primera respuesta. La Red Nacional de Refugios, que opera cerca del 60% de los centros no gubernamentales en el país, señala que la incertidumbre presupuestal y la exclusión de las organizaciones feministas en la toma de decisiones solo logran una cosa: revictimizar a quienes ya han sido vulneradas.

El llamado a la comunidad internacional y al gobierno mexicano es claro: es imposible hablar de igualdad cuando el refugio que garantiza la integridad física de una madre y sus hijos está en riesgo de desaparecer por falta de fondos. La consigna que resuena este 11 de marzo es una cadena lógica que el sistema judicial parece ignorar: sin presupuesto no hay refugios, sin refugios no hay protección, y sin protección, la justicia para las mujeres en México simplemente no existe.

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