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Por Laura Corral
En 1993, el Fiscal del Estado de New York y el Procurador General de Luxemburgo solicitaron, a la Corte de Casación de Luxemburgo, denegar la restitución de más de 36 millones de dólares a Amparo Castro Mesa, ex esposa de José Santa Cruz Londoño, uno de los jefes del Cartel de Cali más visibles, y conocido con el alias de “Chepe”. Estos recursos, provenían del tráfico de drogas desde Colombia hacia otros países, y se encontraban en cuentas bancarias en este centro financiero europeo.
Sorprende la ausencia del Estado colombiano en este litigio internacional para recuperar recursos que hoy equivaldrían a más de 75 millones de dólares, calculando una tasa de inflación promedio anual del 2,5%. Treinta años después y en un contexto de globalización donde se realizan miles de movimientos bancarios diarios a diferentes países del mundo, resulta difícil entender por qué el país sigue sin poner en marcha una estrategia estatal contundente que le permita recuperar activos de origen ilícito provenientes del narcotráfico, contrabando, corrupción y delitos conexos del lavado de activos a nivel internacional.
En el tristemente célebre caso del carrusel de la contratación de Bogotá es inevitable preguntarse si sus protagonistas, los hermanos Miguel y Manuel Nule, así como Samuel e Iván Moreno, delincuentes de cuello blanco ocultaron recursos públicos en los principales centros financieros del mundo con el propósito de beneficiarse de dichos activos una vez cumplidas las penas privativas de libertad.
¿Qué ha pasado con los recursos entregados al gobierno de los Estados Unidos por los principales extraditados conocidos bajo los alias de: «Otoniel», «Chupeta», «Don Diego», «Sebastián”, el “Loco Barrera” o incluso Salvatore Mancuso, como parte de los acuerdos para reducir sus condenas y que, en teoría, deberían ser compartidos con el Estado colombiano?
A lo anterior se suman las cifras históricas en la siembra de hoja de coca, desde el año 2021, lo que podría representar no solo un aumento significativo en la producción y comercialización de cocaína, sino también en un incremento exponencial de dinero ilícito circulando alrededor del mundo, el cual podría ser identificado, recuperado, repatriado y finalmente aprovechado por el Estado colombiano.
Y es que según datos obtenidos en el informe de evaluación mutua publicado, en el año de 2018, por el Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamérica (GAFILAT) sobre el desempeño de Colombia en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos, el país proporcionó datos estadísticos importantes sobre la incautación de activos dentro de sus fronteras a través de la Sociedad de Activos Especiales S.A.E. Sin embargo, no reportó cifras relacionadas con la recuperación de activos a nivel internacional.
Solo hasta el 2024 se logró identificar un caso aislado de solicitud de embargo, por parte de la Fiscalía General de la Nación, de las cuentas bancarias ubicadas en la Isla de Guernsey y pertenecientes a la exesposa de Don Efra, uno de los cabecillas más importantes del Cartel del Norte del Valle. Los fondos decomisados, que ascienden a tan solo 2.000 millones de pesos, deberán ser compartidos en un 50% con dicha isla antes de su repatriación al país, como reconocimiento a su contribución en el desarrollo de la investigación y en virtud de los acuerdos firmados por Colombia.
Ventajas de la puesta en marcha de una estrategia Estatal en recuperación de activos ilícitos en otras jurisdicciones.
1. El Estado colombiano ahorraría recursos significativos en la administración y gestión de activos en proceso de extinción de dominio y extintos a nivel interno.
La repatriación de activos entre estados se realiza de manera líquida, por lo que se reduciría el riesgo de deterioro, perdida y venta irregular de los activos administrados por el Estado colombiano. La experiencia que ha acumulado el país evidencia la dificultad que enfrenta la institucionalidad para lograr cambios estructurales relacionados con la eficiencia, efectividad y transparencia en este sector.
2. Desarticulación Internacional de las organizaciones criminales.
En la última década, autoridades nacionales e internacionales, así como centros de investigación han advertido sobre el aumento de alianzas estratégicas entre organizaciones delictivas colombianas y redes criminales de Centro y Suramérica, Europa y Asia. Estas nuevas dinámicas permiten segmentar el negocio ilícito, optimizando recursos y reduciendo el riesgo de desarticulación.
Por esta razón, es fundamental que los Estados coordinen esfuerzos para rastrear e identificar los flujos financieros de estas organizaciones. Si el estado colombiano mantiene su política criminal en una estrategia de decomiso, enfocada exclusivamente en el ámbito nacional, la afectación financiera de estas estructuras criminales será mínima y parcial.
Casos exitosos y lecciones por aprender
Aunque las estrategias para la recuperación han sido recibidas con escepticismo en razón a la complejidad y prolongación de los procesos es importante citar el caso exitoso de Brasil, líder regional en recuperación de activos a nivel Internacional.
En dicho país se creó el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI) adscrito al Ministerio de Justicia y Seguridad. Este Departamento ha logrado avances significativos y novedosos en la aplicación de la cooperación judicial internacional. Además, lleva a cabo, con éxito, acciones civiles en jurisdicciones extranjeras para la recuperación de activos derivados de actos de corrupción.
Dicha estrategia estatal, en la que participan todas las entidades competentes, contrasta con la adoptada por Colombia a través de sus oficinas internacionales en el sector Justicia y la Rama Judicial, cuyo enfoque es principalmente asistencialista, concentrando esfuerzos en la consecución de recursos de los países del hemisferio norte y relegando a un segundo plano el fortalecimiento y la aplicación efectiva de los mecanismos de cooperación judicial internacional.
Los resultados de la estrategia implementada por Brasil son contundentes. Según el informe de GAFILAT, publicado en el año 2023, se lograron embargar activos, en los centros financieros más importantes del mundo, por 1.18 mil millones de dólares, para el periodo comprendido entre 2011 y 2022, es decir, un promedio anual de 118 millones de dólares. Adicionalmente, repatrió más de 287 millones de dólares, durante el periodo comprendido entre 2011 al 2022. Vale la pena destacar que para el caso Lava Jato o conocido en español como el caso Odebrecht se recuperaron y repatriaron alrededor de 166 millones de dólares.
Otra experiencia positiva es el caso de Perú que ha recuperado, en tres décadas, alrededor de 100 millones de dólares provenientes de la red de corrupción liderada por Vladimiro Montesinos, mano derecha del ex-dictador Alberto Fujimori, dineros escondidos en los centros financieros más importantes del mundo.
En el contexto actual, resulta necesario que el Estado colombiano desarrolle e implemente una estrategia integral para la recuperación de activos de origen ilícito a nivel internacional. Los recursos recuperados no solo contribuirían a la reducción del déficit fiscal, que supera los 12 billones de pesos, sino que también permitirían disminuir la dependencia de la ayuda al desarrollo proporcionada durante décadas por el gobierno de los Estados Unidos. Este enfoque, además de fortalecer la autonomía económica del país, contribuiría a reducir la dependencia en ámbitos militares, sociales y económicos.
La opinión de las autoras no compromete la posición institucional de Amassuru
Foto Imagen Generada con IA por LCR
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