LaCostillaRota. Mérida,Yucatán, 8 de abril, 2025.- La historia de la empresaria Ma. Engracia García Chávez en Mérida, Yucatán, ejemplifica cómo la búsqueda legítima de un pago adeudado por sus socios comerciales presuntamente se puede revertir en su contra en nuestro país, exponiendo una falta de certeza jurídica y una posible colusión de los perpetradores con el poder judicial local.
Según la denuncia pública, Ma. Engracia García Chávez, junto con el señor Gregorio Oliva Miranda y el abogado José Antonio Romero Saavedra, han sido víctimas de una serie de acciones legales que parecen orquestadas por los hermanos Miguel y Manuel Bargas Díaz. La acusación central apunta a Miguel Bargas Díaz, un ex alto funcionario del Poder Judicial, a quien se señala de ejercer una influencia indebida, llegando incluso a tener «secuestrado» el sistema judicial en la entidad.
El origen de esta pesadilla para Ma. Engracia García Chávez se sitúa en una relación comercial con Gabriela Eugenia Mendoza y Manuel Bargas Díaz. Tras reclamar un pago que le adeudaban sus socios, la situación se volvió en su contra. En lugar de enfrentar sus obligaciones financieras, los hermanos Bargas Díaz, presuntamente valiéndose de sus influencias y en contubernio con la C. Juez segundo de control del primer distrito judicial del sistema de justicia penal acusatorio y oral del estado de yucatán, licenciada Jazmin Ojeda Alayón, habrían fabricado delitos en contra de García Chávez y sus aliados.
La denuncia detalla cómo la Jueza Ojeda Alayón habría auxiliado en la creación de estos delitos inexistentes, aparentemente como una represalia por la exigencia del pago legítimo en el marco de un juicio Ejecutivo Mercantil radicado en la Ciudad de México (expediente 1826/2024). Este juicio, cabe destacar, ya falló a favor de la empresa de García Chávez, contra Nacional Terapeutica, S.A. DE C.V., condenando a los demandados, incluyendo a Manuel Bargas Díaz como aval, al pago de más de diez millones de pesos. La sentencia, además, ya causó estado y no puede ser apelada.
A pesar de esta victoria legal en la esfera mercantil, Ma. Engracia García Chávez y sus asociados han enfrentado la criminalización de su legítima demanda. Se denuncia que tanto ella como los señores Oliva Miranda y Romero Saavedra han sido obligados a portar grilletes electrónicos desde noviembre de 2019, una medida desproporcionada en el contexto de una disputa comercial y la posterior exigencia de cumplimiento de una sentencia favorable.
La situación del abogado José Antonio Romero Saavedra es particularmente preocupante, ya que se encuentra detenido y, según la denuncia, no está recibiendo la atención médica adecuada para su condición de diabético. Se alega que la Juez Segundo de Control ha sido omisa en garantizar su derecho a la salud, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo.
La denuncia también subraya la inacción de la Juez Ojeda Alayón ante diversos Juicios de Amparo promovidos para proteger los derechos de los afectados. Se alega que la jueza ha ignorado las suspensiones otorgadas, incluso aquellas con efectos restaurativos y anticipados, que deberían haber evitado la privación de la libertad de Romero Saavedra y mantenido el estado de las cosas.
Este caso pone de relieve la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres empresarias al exigir sus derechos en un entorno donde las influencias y la colusión judicial podrían torcer el sistema en su contra. La historia de Ma. Engracia García Chávez no solo es la de una disputa comercial, sino la de una mujer que, al buscar justicia por la vía legal, se encontró atrapada en una red de poder que amenaza su libertad y la certeza jurídica en Mérida, Yucatán. Actualmente, Ma. Engracia, junto a otras mujeres empresarias, se encuentra exigiendo una investigación exhaustiva para esclarecer estos graves señalamientos y garantizar que la justicia prevalezca, protegiendo a quienes legítimamente buscan hacer valer sus derechos.
