Por Irene Fuentes
La bancada del PAN y sus aliados en Guanajuato promueve desacato a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) y desconocen la Constitución Política de los Estados Unidos de México (CPEUM) al negar el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Guanajuato ha sido uno de los estados más regresivos referentes a los derechos humanos de las mujeres, particularmente en lo que respecta a los derechos reproductivos, y en consecuencia reacio a avanzar en la integración de la ILE a su marco jurídico, cuando los estados no pueden contradecir derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Mexicana, así como en tratados internacionales, y no puede negarse a acatar una resolución de la SCJN cuando esta tiene efectos generales o vinculatorios como es el caso de la no criminalización del aborto.
Este debate no es nuevo, la despenalización del aborto lleva un largo camino de lucha feminista que en principio no debió suceder, ya que el acceso a la interrupción de un embarazo de forma libre, segura, informada y gratuita es en sí un derecho humano de las mujeres que nunca debió estar penalizado.
En 1916, durante el Primer Congreso Feminista celebrado en Mérida, Yucatán, ya se hablaba de Educación Sexual como una herramienta fundamental para mejorar la salud y el bienestar de las mujeres, y de Derechos Sexuales Reproductivos, como una necesidad de que las mujeres tomen decisiones sobre su propio cuerpo y salud. Aunque estos temas no tuvieron mayor visibilidad en ese momento como el derecho a votar y ser votadas, sentó el precedente.
En los 70’s, Esperanza Brito junto con otras feministas organizaron la “Primera Jornada Nacional sobre Aborto”, que concluyó con el primer documento feminista mexicano a favor de la legalización del aborto. Las consignas no han cambiado: maternidad voluntaria; aborto libre y gratuito; educación sexual; acceso e información sobre anticonceptivos. Bajo estas consignas, las feministas seguimos en la lucha por la autonomía de nuestros cuerpos con acciones diversas de sensibilización, visibilización y promoción de los cambios estructurales y legislativos que sean necesarios para alcanzar el pleno goce de nuestros derechos humanos.
Un parteaguas en la lucha por la despenalización en México sucedió el 7 de septiembre del 2021 cuando la SCJN resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir, sin enfrentar consecuencias penales. También significó un llamado para que los estados legislen en consecuencia. Aquellos estados que se resisten a realizar los cambios en sus códigos, reglamentos y leyes que correspondan se encuentran en desacato.
¿Pero qué pasa en Guanajuato? uno de los 10 estados que a la fecha no ha despenalizado el aborto.
En 2009 Guanajuato reformó su constitución adicionando un párrafo al artículo 1º- “Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural”, desconociendo el marco jurídico nacional e internacional que sustentan los derechos humanos de las mujeres ya que ignora lo establecido en el Artículo 1º de la CPEUM que establece el respeto a la dignidad y libertad de donde se desprende la autonomía personal, y contradice lo establecido en el Artículo 124 en el sentido de que los derechos y su delimitación no son de libre configuración local, es decir de las entidades federativas; la definición de persona corresponde al constituyente federal, una Constitución local no puede dar un trato de persona jurídica a la vida prenatal al establecer una protección igual a la vida del no nacido y personas nacidas; los primeros son un bien jurídico y las segundas son titulares de derechos fundamentales.
La despenalización del aborto es un asunto de salud pública, de justicia social y de derechos humanos, reconocido por instancias y mecanismos internacionales de derechos humanos, así como la SCJN, y la propia CPEUM, que no puede seguir dilatándose por doctrinas, estereotipos o creencias personales. La nula comprensión de estos conceptos por parte de la bancada del PAN y sus aliados es un mal que hay que cortar de raíz. Habría que pedir la revisión de los centros educativos donde estudiaron las y los actores políticos que se manifiestan en contra de la despenalización, porque nuestros impuestos no deben ir a centros educativos incapaces de educar en Derechos Humanos fundamentales.
A esto hay que sumar la reciente suspensión de la ILE en los hospitales públicos del estado. Tras la resolución de la SCJN en 2021 para despenalizar el aborto, el gobierno de Guanajuato tuvo que atender a todas las mujeres que solicitaran interrumpir su embarazo bajo las causales de violación, pero el gobierno de Libia García Muñoz Ledo dio marcha atrás a la disposición dejando a las guanajuatenses en completa indefensión, principalmente aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, poniendo en riesgo sus vidas o alterando de manera irreversible el curso de su existencia, cuando las entidades federativas no pueden restringir derechos constitucionales, como el acceso a servicios de salud y derechos reproductivos, con base en definiciones locales sobre el inicio de la vida. Ante estos acontecimientos, habría que pedir sanciones contundentes contra los centros de salud públicos que niegan el acceso a la ILE, porque nuestros impuestos no deben ir a centros de salud que niegan derechos a las mujeres.
Como respuesta, la diputada de Movimiento Ciudadano Sandra Pedroza presentó un exhorto en el Congreso del Estado, dirigido a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo; el secretario de salud, Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, el Secretario de Salud; la directora del Instituto de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández; y la Procuradora de los Derechos Humanos, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, para que, con base en lo que establece el artículo 1° de la CPEUM y a partir de las atribuciones que les confiere la ley, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El exhorto fue rechazado por 22 votos del PAN, PRI, PVEM y PRD, en tanto que obtuvo 14 votos a favor de Morena, MC y PT.
Independiente del exhorto, en Guanajuato se han presentado tres iniciativas de despenalización del aborto, una del Partido Verde presentada en 2021, una de Movimiento Ciudadano y una más de MORENA presentadas en 2024. Como parte de la metodología para analizar las iniciativas, el 12 de marzo del presente año, se llevaron a cabo mesas de trabajo con las comisiones de Salud y Educación en el Congreso del Estado, en las que colectivas feministas, grupos anti derechos y diversas instituciones proporcionaron los argumentos que pueden o no derivar en la despenalización del aborto en Guanajuato. El viernes 14 de marzo estaba programada la última mesa de trabajo, la de la Comisión de Justicia, sin embargo, la bancada panista freno el proceso, obligando a la comisión a posponer dicha mesa de trabajo. Si esta mesa de trabajo se sigue aplazando será una muestra clara de la falta de disposición política por parte de las y los diputados del PAN y un contundente mensaje de omisión de las obligaciones del Estado de Guanajuato para con las guanajuatenses. Guanajuato es un estado autónomo, pero no soberano, considerando que la soberanía se basa en el principio de que el poder viene del Pueblo, no de un puñado de legisladores del conservadurismo y sus convicciones personales. El Pueblo de Guanajuato merece un gobierno que respete el ámbito de competencia que le corresponde de acuerdo con lo establecido en nuestra Carta Magna y asuma sin más dilaciones la sentencia de la SCJN en cuanto a la no criminalización del aborto, porque el acceso a la interrupción del embarazo es un derecho humano de las mujeres que nunca debió ser penalizado.
#AbortoLegalGto
