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Por Gisela Luján Andrade
Noviembre comenzó con un importante avance en la lucha por contar con un tratado sobre los sistemas de armas autónomas. 161 Estados votaron a favor de la resolución L.77, sobre sistemas de armas autónomas letales, en la Primera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas[1], con solo 3 votos en contra (Rusia, Corea y China) y 13 abstenciones.
Esta es la segunda resolución sobre sistemas de armas autónomas que se somete a votación en este foro de seguridad y desarme de Naciones Unidas. La primera, que se aprobó a finales de 2023[2], solicitó al Secretario General la elaboración de un reporte comprehensivo, desde una perspectiva humanitaria, legal y ética, sobre los desafíos y preocupaciones generadas por estos sistemas de armas; dicho reporte debía incluir las posturas de los Estados así como de los organismos internacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la academia y la sociedad civil en general.
Entre las principales recomendaciones incluidas en lo que se constituyó el primer reporte del SG sobre armas autónomas[3] destaca su llamado para concluir, antes de 2026, un instrumento jurídicamente vinculante sobre los sistemas de armas autónomas, el mismo que debería incluir prohibiciones – especialmente de aquellos sistemas que atacan a seres humanos – y regulaciones. De igual forma, el referido reporte hace llegar su preocupación por la demora en lograr resultados tangibles en el Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (CCAC), y recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) es un foro que posibilita debates inclusivos y de mayor alcance, recomendando además que se efectúen consultas informales adicionales dentro de la estructura de la Asamblea General.
Ahora bien, ¿qué de nuevo o bueno aporta esta segunda resolución sobre los sistemas de armas autónomas? O más bien, ¿su abrumadora aprobación en la Asamblea General será suficiente para comenzar el destrabe de más de una década en la que los Estados no logran acuerdos para iniciar la negociación de un instrumento legalmente vinculante sobre armas autónomas?
En primer lugar, sí sería posible afirmar que la mayoritaria aprobación de esta resolución es un logro digno de resaltar, especialmente si se considera el total de votos positivos alcanzados: 161 Estados dieron su voto a favor, de los 177 Estados votantes en la Primera Comisión, lo que es una confirmación de la preocupación de la mayoría de Estados por las “consecuencias negativas y el impacto de los sistemas de armas autónomas en la seguridad global y la estabilidad regional e internacional», incluido el riesgo de una carrera armamentista, el agravamiento de conflictos y crisis humanitarias, y el aumento del umbral para iniciar y escalar conflictos.[4] . Este respaldo podría presionar a los Estados para que la retórica ceda su paso a la acción concreta y comiencen negociaciones de un instrumento internacional sobre armas autónomas, incluso si este objetivo no se haya indicado explícitamente en el referido documento.
De otro lado, esta resolución también dispone dos consultas informales en Nueva York[5], las que, al desarrollarse en el marco de la AGNU, ampliarán la discusión a un contexto más inclusivo y con un alcance cualitativo más amplio, pues incluirá también a los Estados que no participan en la CCAC y promoverá la creación de una plataforma donde se discutan temas no discutidos en la CCAC, como las implicaciones éticas del uso de estos sistemas de armas, su afectación a los derechos humanos, y sus consecuencias en la paz, seguridad y estabilidad internacional.
Ahora bien, el alcance de esta resolución se ve opacado por las concesiones y omisiones hechas para lograr tan masiva aprobación. Al respecto, la coalición global Stop Killer Robots señala que esta no refleja la urgencia de la mayoría de la comunidad internacional para iniciar negociaciones sobre un tratado vinculante.[6] Por ejemplo, se omitió el reconocimiento explícito del amplio respaldo que recibió la primera resolución en la AGNU, así como cualquier llamado urgente a la acción. Esta omisión parece ser una concesión a la presión ejercida por Estados Unidos y otros países con altas inversiones en IA y tecnología autónoma militar, los mismos que han obstaculizado el avance de las discusiones en la CCAC, a cambio de su apoyo a la resolución.
Recordemos que para que se lleguen acuerdos en la CCAC, se requiere del consenso, lo que significa que basta una oposición para que cualquier iniciativa que proponga el inicio de las negociaciones de un tratado se descarte. Esto se ha estado produciendo durante más de una década, permitiendo incluso que el uso militar de tecnología autónoma y la IA se desarrolle a niveles devastadores como el registrado en Gaza, por parte de Israel. En efecto, los sistemas de IA de Israel desplegados en Gaza -que han identificado hasta la fecha más de 37 mil objetivos[7]– han propiciado el asesinato de miles de civiles palestinos, generando así un devastador precedente de lo que significa el aceleramiento de velocidad de la violencia a través de la IA y la automatización. En este contexto, la falta de una respuesta firme en la CCAC a violaciones al Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos evidencia la ineficacia de este foro para responder a estos desafíos urgentes.
Por lo tanto, aunque esta resolución puede considerarse un pequeño paso hacia un instrumento jurídicamente vinculante, el costo de su aprobación incluyó el respaldo de países que bloquean el inicio de las negociaciones. Esto sugiere que, tras este apoyo, existen intereses estratégicos y tácticas que no se alinean con el objetivo de lograr una regulación internacional de las armas autónomas.
A pesar de estas limitaciones, la resolución brinda la posibilidad de esbozar una hoja de ruta para 2025, aunque los tiempos y objetivos de los actores involucrados difieran notablemente. Resultará entonces fundamental coordinar estrategias entre las partes decididas a impulsar un tratado. América Latina y El Caribe ha demostrado su claro compromiso con la importancia de regular estos sistemas de armas, serán actores clave para alcanzar este propósito.
Lo mismo ocurre con los organismos internacionales, la academia y la sociedad civil, quienes deberán implementar estrategias de incidencia bien enfocadas y coordinadas con los Estados aliados. Estrategias que además de anticipar las tácticas de Estados Unidos y otros países que apuntan a limitar las discusiones a la CCAC y a apoyar iniciativas como las del REAIM, que sabemos no es muy afín a contar con instrumentos vinculantes, también convenzan a los Estados que para traducir en medidas concretas todo el trabajo riguroso alcanzado en la CCAC se requerirá impulsar que las discusiones se realicen en un foro más inclusivo e igualitario, como es el de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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Notas al pie
[1] La referida resolución fue presentada por Austria y contó con un patrocinio interregional de 26 países, de los cuales, 8 provienen de América Latina y El Caribe (Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, República Dominicana y Trinidad y Tobago).
[2] https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/n23/302/69/pdf/n2330269.pdf
[3] https://docs-library.unoda.org/General_Assembly_First_Committee_-Seventy-Ninth_session_(2024)/A-79-88-LAWS.pdf
[4] Ver: https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/n24/305/45/pdf/n2430545.pdf
[5] Originalmente eran diez reuniones, en Ginebra – sede de la CCAC, donde se discute el tema de las armas autónomas desde hace más de diez años – y Nueva York – sede de la Asamblea General de Naciones Unidas.
[6] https://www.stopkillerrobots.org/news/161-states-vote-against-the-machine-at-the-un-general-assembly/
[7] https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/04/05/israeli-army-uses-ai-to-identify-tens-of-thousands-of-targets-in-gaza_6667454_4.html
La opinión de las autoras no compromete la posición institucional de Amassuru
Foto Composición LCR, Captura desde X
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