28S en América Latina y el Caribe: la fecha que nos hermana en las luchas por el derecho al aborto

Por Rebeca Austria, Alessandra Jungs de Almeida y Martina Ferretto

Debemos a las compañeras feministas brasileiras que cada año, el 28 de septiembre, unamos y alcemos nuestras voces en conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Si bien somos nosotras, las feministas latinoamericanas y caribeñas, quienes hemos logrado que este día traspase escalas, la fecha hace referencia a la promulgación de la Ley de Vientre Libre de 1871 en Brasil, la cual declaró que todos los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavizadas serían libres. Se eligió colectivamente en 1990, año en el cual se celebró el V Encuentro Feminista Latinoamericano y Caribeño (EFLAC) en San Bernardo, Argentina. En ese EFLAC activistas de la región sumaron esfuerzos y contribuyeron al lanzamiento de la Declaración de San Bernardo en donde definieron estrategias de acción colectiva transnacional. Entre las acciones se destacan la conformación de campañas nacionales por el derecho al aborto, el fortalecimiento de las existentes al interior de los países y el impulso de una campaña regional por la legalización del aborto, hoy conocida como Campaña 28S, que se nutriría de las experiencias y la articulación entre las múltiples expresiones del movimiento feminista.

Adicionalmente, en ese V EFLAC, las feministas brasileiras compartieron un descubrimiento que habían hecho a mediados de la década de 1980 y que cambiaría el rumbo de las luchas regionales por el derecho a decidir: uno de los efectos secundarios del medicamento misoprostol (usualmente utilizado para tratar úlceras) son las contracciones uterinas y por tanto comenzó a utilizarse como píldora abortiva. En palabras de Ninde MolRe (2021), ese hallazgo constituye una revolución reproductiva porque reivindicó nuestros derechos al tiempo que nos acercó a la plena libertad y autonomía al permitirnos tener abortos seguros y autogestivos. En conjunto, la Campaña 28S, los abortos autónomos y acompañados así como las distintas iniciativas provenientes del activismo feminista en la región, constituyen estrategias encaminadas a la descriminalización y despenalización social del aborto, las mismas que se han fortalecido desde la década de 1990. Desde entonces, los efectos de este accionar articulada logró incidir en escala local y también global, como en el Plan de Acción acordado en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) de Cairo en 1994– momento en el cual los derechos sexuales y reproductivos fueron claramente definidos como derechos humanos.

A partir de ahí, los escenarios en América Latina y el Caribe se han modificado sustancialmente, pues mientras algunos países han avanzado hacia la liberalización, protección y reconocimiento del derecho al aborto, en otros se ha agudizado el clima de criminalización, orillando a las mujeres y personas con capacidad de gestar a realizarse procedimientos inseguros que ponen en riesgo su salud y su vida. Es en ese contexto, como investigadoras activistas, presentes en distintas latitudes, con agendas de investigación propias pero con compromisos políticos que nos unen, decidimos hacer una breve revisión de la situación que guarda el aborto en nuestra región. Reflexionamos sobre los avances pero también acerca de los pendientes en la materia, destacando las conquistas feministas que el movimiento ha tenido a lo largo de los años, los retos a los que nos enfrentamos ante el retroceso que proponen los grupos anti-derechos, así como la importancia de fortalecer las redes de colaboración transnacionales y de reconocer el poder que hay en organizarnos, evaluar y renovar nuestras luchas cada 28 de septiembre.

El derecho al aborto en clave latinoamericana y caribeña

La experiencia argentina de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito inspiró el surgimiento de la Marea Verde, un movimiento multitudinario y transnacional que agrupa generaciones alrededor de la demanda por la despenalización y la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Como símbolo de su potencia, en 2017, durante el XIV EFLAC en Montevideo, Uruguay, se acordó utilizar el pañuelo verde como símbolo de lucha e identidad colectiva. Desde entonces, la fuerza de las feministas argentinas se convirtió en un tsunami que cruzó fronteras, idiomas y oceános para exigir el reconocimiento y la garantía de acceso a abortos seguros y, con ello, saldar lo que consideramos una deuda democrática de la cual nuestros Estados han hecho caso omiso en la mayoría de los países en la región. Los pañuelos verdes no sólo han ocupado las calles, plazas y monumentos, sino que también han trastocado el imaginario social en múltiples espacios, cuestionando y desmitificando los entendimientos socioculturales que nos han hecho creer que la maternidad es un proyecto que todas deberíamos perseguir por el sólo hecho de ser mujeres y que, aun con la evidencia que lo desmiente, continúan considerando que el aborto es una práctica peligrosa e insegura con secuelas irreparables cuando es la penalización y la clandestinidad la que produce el daño.

Tales esfuerzos colectivos y trasnacionales se vuelven sumamente relevantes ante un panorama en el que el acceso al aborto continúa siendo una escasa realidad para las mujeres latinoamericanas y caribeñas. La falta de garantías, las resistencias institucionales para modificar los marcos normativos que impiden el libre ejercicio de nuestra autonomía y las constantes amenazas de regresiones conservadoras, demuestran por qué, hoy más que nunca, seguimos en pie de lucha. Los contextos adversos que se viven en la región repercuten de manera negativa en la salud y la libertad de las mujeres, al tiempo que ocultan situaciones de exclusión social, de violencia sexual y, por supuesto, de desigualdades económicas, porque, como ha sido señalado, las ricas abortan y las pobres mueren. Con todo y ello, la Marea Verde representa un faro de esperanza que sostiene la promesa de que otro mundo es posible.

De norte a sur del continente las acompañantes ponen el cuerpo para asegurar abortos libres, desafiando los marcos legales que lo criminalizan, así como las nociones que equiparan clandestino con inseguro. Las médicas y médicos aliados disputan el modelo médico hegemónico y facilitan los procedimientos aun cuando ello pueda poner en riesgo su posición profesional. Con creatividad e ingenio, las activistas feministas comparten información y resuelven dudas, incluso en territorios en los que los Estados, por falta de capacidad o voluntad, no logran acceder. Todo lo anterior ha influido en los procesos y debates políticos y sociales en múltiples niveles, y sobre todo, ha contribuido a la desestigmatización y despenalización social del aborto. Dicho de otra manera, gracias a estos esfuerzos colectivos coordinados el aborto “salió del closet”, de la clandestinidad pedagógica, de su connotación estigmatizada, para así ocupar el primer plano en los debates cotidianos de las personas, de los medios de comunicación y de la agenda pública en numerosos países de la región y en otras partes del mundo.

En los últimos años, el transnacionalismo histórico del feminismo latinoamericano y caribeño por la legalización del aborto logró renovarse y profundizarse después del largo periodo de movilizaciones y contramovilizaciones que siguió a la despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007 y en Uruguay en 2012. En Argentina, permitió que en 2020 se sancionara la Ley N° 27.610, que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en el país hasta las 14 semanas de gestación. Este logro materializó las esperanzas de feministas de todo el mundo y, si bien no representa el fin de la lucha por la justicia reproductiva, fortaleció y motivó significativamente la defensa regional del derecho al aborto. En México, desde 2019 se inauguró una ola de despenalizaciones a nivel subnacional, dando como resultado que actualmente 17 de 32 entidades federativas cuenten con normativas que permiten el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha posicionado como una aliada estratégica del movimiento feminista al resolver que la penalización del aborto voluntario así como el sistema jurídico que regula el delito a nivel federal son inconstitucionales. Por su parte, en Colombia más de 90 organizaciones y 200 activistas se agruparon bajo el movimiento Causa Justa para exigir la eliminación del delito de aborto del Código Penal. Como respuesta, la Corte Constitucional falló a favor de la despenalización del aborto en cualquier circunstancia durante las primeras 24 semanas de gestación.

Como se puede observar, en la defensa por los derechos sexuales y reproductivos, las organizaciones y colectivas feministas articuladas transnacionalmente pero situadas en geografías diversas -desde Baja California hasta Tierra del Fuego-, han desarrollado distintas estrategias con alcances y éxitos dispares. No podemos dejar de mencionar a las redes de acompañamiento, la incidencia política en diferentes poderes y niveles de gobierno, el monitoreo feminista de políticas públicas relacionadas con aborto, la producción de datos para impactar la región políticamente, la colaboración estratégica con organizaciones internacionales y las protestas masivas por el aborto legal, libre, seguro y gratuito, entre otras. Esas tácticas feministas que se extienden a lo largo y ancho del continente además de servir de inspiración para grupos y activistas de otras regiones, se han traducido en conquistas que en ocasiones se materializan en legislaciones necesarias -aunque no suficientes-, tales como las despenalizaciones bajo los sistemas de plazos que ya hemos mencionado o en la ampliación de las causales permitidas. Ejemplo de lo anterior es la ley brasileña sobre anencefalia existente desde 2012, la aprobación de la Ley 21.030 en Chile en 2017 que despenalizó el aborto en tres circunstancias, y la decisión que en 2022 tomó la Asamblea Nacional ecuatoriana para permitir la interrupción del embarazo en casos de violación.

Luchas continuas: desafíos regionales por el derecho al aborto

Además de renovar la esperanza e inspirar otras demandas nacionales, la constante retroalimentación de las luchas por el derecho al aborto está moldeada por las realidades que vivimos las mujeres en diferentes territorios. Desde nuestros cuerpos, experiencias reproductivas y existencias, en un mundo marcado por las injusticias patriarcales y capitalistas, la Campaña 28S y las distintas articulaciones regionales que nos movilizan desde contextos y latitudes diversas, perfilan su razón de ser. Es el abuso continuo de nuestros cuerpos, tratados como objetos ya sea para reproducción o con fines sexuales, en lugar de autónomos y libres, lo que impacta la urgencia de nuestra lucha. Por citar algunos ejemplos, en Brasil, datos gubernamentales analizados por la Red Feminista de Salud muestran que de 2010 a 2019, 252,786 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, es decir, 70 niñas cada 24 horas. De acuerdo con la legislación brasileña esos casos deberían ser considerados como violación, una de las tres causales por las cuales el aborto es permitido. Sin embargo, en lugar de garantizar los procedimientos y cambiar la devastadora realidad de las “niñas madres”, en 2024 grupos conservadores buscaron incidir en el Poder Legislativo para aprobar con urgencia una ley que equipararía el aborto después de las 22 semanas de gestación con el delito de homicidio. En el caso de aprobación, se agudizaría la situación que viven las niñas embarazadas quienes, por desconocimiento de su propio cuerpo y por las múltiples violencias de las que son sujetas, generalmente descubren tarde el embarazo. Por ahora, con la fuerza de la campaña “Niña no es madre”, las feministas brasileiras han logrado bloquear la votación del proyecto de ley.

En Argentina, los sectores fundamentalistas actúan a escalas micro y macro. Por un lado, utilizan estrategias de acción directa para persuadir y hostigar a quienes buscan abortar, entregando información falsa y ofreciendo una supuesta atención que en realidad se trata de procedimientos tortuosos de disciplinamiento. Por otro lado, el gobierno de Javier Milei ha dejado ver claramente su postura anti-aborto, al emitir una serie de opiniones que sirven de respaldo a los grupos anti-derechos y sobre todo, al desproveer a los centros de salud de los recursos necesarios para realizar las interrupciones voluntarias de embarazos. En México, los congresos locales siguen imponiendo serias restricciones al derecho a decidir, ya sea mediante la negativa de legislar al respecto, o al generar retrocesos en los logros que las colectivas y organizaciones feministas han conseguido, incluso cuando sus acciones son contrarias a lo mandatado por el máximo tribunal de justicia del país.

Si bien el aborto se práctica en todo el mundo y con independencia de lo que dicten las leyes al respecto, los ejemplos expuestos dejan ver una cuestión no menor y es el hecho de que nuestros derechos siempre están en la mira y no pueden darse nunca por sentados. Incluso allí en donde se encendió la llama que iluminó a toda la región y en donde hace poco celebramos los derechos conquistados, existen graves amenazas de echar abajo todo por lo que las feministas hemos luchado durante décadas. Pero tenemos la certeza de nuestras resistencias, rebeldías y desobediencias organizadas que nos recuerdan la importancia de las luchas coordinadas, de la solidaridad multisituada, de la reflexión colectiva constante y de la fuerza que emanamos cuando estamos juntas.

28S: Una lucha vigente, urgente y -aún- necesaria que no conoce fronteras

Las realidades impuestas por los sectores conservadores, que buscan perpetrar el control sobre nuestros cuerpos y reforzar violencias reproductivas, demuestran por qué las luchas feministas por el derecho al aborto persisten en América Latina y el Caribe, y por qué cada 28 de septiembre desbordamos las calles con gritos de esperanza y de digna rabia. Aquellos con los que exigimos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos justicia para Beatriz, quien debió enfrentar y pagar con su propia vida las consecuencias de la penalización absoluta del aborto en El Salvador.

Este, y muchos otros casos nos recuerdan que si bien debemos celebrar y defender las sentencias y legislaciones que en Argentina, Colombia y México han respondido positivamente ante las demandas de la Marea Verde, no debemos olvidar que la mayoría de los países en la región todavía cuentan con normativas que imponen serias restricciones a la determinación, libertad y autonomía sobre la decisión de maternar. Tales son los casos de Brasil, Bolivia, Chile o Perú en donde existe una interpretación restringida del derecho al aborto y solo se permite en determinadas causales. O los casos de Nicaragua, Jamaica, El Salvador, Haití, Honduras, República Dominicana y Surinam, países que prohíben totalmente el aborto y que son responsables de las muertes que podían haber evitado como sucedió con Beatriz.

Los marcos normativos que limitan el derecho al aborto responden a la falta de voluntad política por parte de los Estados, y sobre todo, a la continua presión ejercida por parte de grupos conservadores y anti-derechos en la región. Su influencia en las legislaciones constituye una de las estrategias transnacionales más prominentes. Actores internacionales como la Iglesia Católica y neoconservadores evangelistas despliegan un lobby legislativo para mantener el statusrestrictivo de las leyes sobre aborto e impedir que se avance en políticas públicas acordes a los tiempos que corren, aun en contra de lo que ha sido reconocido y recomendado por organismos internacionales como la Agenda 2030, ahora llamada Pacto del Futuro, el Comité de Expertas de la Convención de Belém do Pará, la Organización Mundial de la Salud, el Comité Internacional de Derechos Humanos, el Comité de CEDAW, entre otros.

Estos actores fundamentalistas, además de intentar difundir leyes y prácticas sociales conservadoras y regresivas, se reconfiguran constantemente para dotar de fuerza sus discursos contra la -mal llamada- ideología de género y atraer bajo desinformación adeptos para sostener el régimen patriarcal internacional que se opone a la libertad, la autonomía y la emancipación de las mujeres y personas LGBTIQ+. Si bien estas políticas anti género y en contra de los derechos reproductivos, a menudo son bloqueadas por las organizaciones feministas, es innegable que uno de nuestros mayores retos es frenar la avanzada conservadora que atenta no solo contra el derecho al aborto, sino contra todo aquello que desestabiliza este sistema que históricamente nos ha colocado en posiciones desiguales y subordinas.

Aunque hemos progresado mucho, frente a esta disputa, América Latina y el Caribe continúa siendo una de las regiones con mayores desigualdades y dificultades para acceder a abortos seguros ya que prevalece la ausencia de políticas justas de acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva. Dicho panorama conduce a embarazos forzados, maternidades no deseadas, proyectos de vida inconclusos, niñas obligadas a gestar y parir, mujeres privadas de su libertad por haber abortado, incluso de manera espontánea, y otro tipo de injusticias que tienen mayores afectaciones entre las poblaciones más jóvenes, y entre aquellas personas empobrecidas, racializadas y vulneradas.

La misoginia de los sectores que se oponen al aborto son los mismos que reproducen discursos de odio y niegan las desigualdades de género, raciales y ambientales. Estas posturas anti-derechos perpetúan prácticas que han sido, son y seguirán siendo denunciadas, repudiadas y transformadas por nosotras, feministas latinoamericanas y caribeñas, en este y en cada 28 de septiembre. Sabemos que el derecho al aborto genera resistencias así como polarizaciones políticas importantes, sin embargo, desde Brasil, México y Argentina utilizamos este 28S, una fecha que nos hermana, para recordarnos que no estamos solas, tenemos una manada que nos abraza, que nos respalda y que no descansará hasta que cada mujer, niña y persona gestante sea completamente libre para decidir sobre su propio cuerpo.

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Rebeca Austria es politóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidata a Doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México. Correo electrónico:rebeca.austria.m@gmail.com

Alessandra Jungs de Almeida es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) y actualmente trabaja como becaria postdoctoral en el Programa de Estudios de Mujeres y Género del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Correo electrónico: ale.jungs@gmail.com

Martina Ferretto es becaria en el Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina (IICSAL-CONICET/FLACSO), candidata a Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y activista de Incidencia Feminista y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Correo electrónico:martinamferretto@gmail.com

Foto Emiliana Quezada