Por Claudia Espinosa Almaguer
México inicia un septiembre fatídico. No hay otro modo de plantear la gravedad del abuso de poder que viene contra la libertad, el acceso a la justicia y la certeza jurídica de la ciudadanía que, en su mayoría, precisamente esa mayoría que votó por Morena y aliados que representan más de 30 millones de votos, desconoce la profundidad del atropello a su confianza.
Los cambios, han sido ampliamente explicados por quienes nos dedicamos al Derecho, como abogados y abogadas, como maestros principalmente, de generaciones a quienes ya no les servirá lo que enseñamos en las Facultades, la demanda de respuestas implica a su vez establecer una posición que es a un tiempo, jurídica, política y deontológica.
Las reformas promovidas por la Cámara y propuestas por el poder Ejecutivo ambos pertenecientes al partido del régimen, atentan contra el principio de progresividad de los derechos fundamentales de la Constitución y con la estructura misma de una división de poderes que se concentrarían de facto en la presidencia lo cual está expresamente prohibido.
Entre lo que violenta al Estado Mexicano en su caracterización democrática y pone en riesgo los derechos y libertades ciudadanas está sacar de la Constitución los requisitos de edad, probidad, conocimientos, carrera, experiencia y un expediente limpio de antecedentes penales, para cargos de Ministros de la Suprema Corte, Consejeros de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Electoral Federal, Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito para hacerlo a través de elección popular como se hace con el poder legislativo y ejecutivo.
Es decir, los jueces que deciden sobre temas de alta especialidad para el análisis de recursos como los amparos cuando el ciudadano se ve amenazado por actos de autoridad, ya no se les exigiría saber o prepararse, sino ser popular, hacer campaña y decidir sobre los asuntos, sopesando la fama pública que eso les traiga y no como deben, con base en elementos objetivos y criterios producidos a través de la doctrina y de principios vinculados al bloque constitucional que actualmente provee la protección más amplia, en tanto suma a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; lo cual ha constituido un control sobre el poder que beneficia al ciudadano.
De las consecuencias está tirar millones de pesos a la basura, el dinero que durante décadas se invirtió para formar al personal del Poder Judicial de la Federación, aunado a las cantidades estratosféricas que conlleva asumir el pago por inventarse sobre las rodillas un cambio abusivo en sus condiciones laborales, más la contratación de esa otra gente, ignorante, que junto con la cantidad de decisiones que van a tomar, de cara a un mundo globalizado muestran ahora mismo la retirada de inversiones del país desde el exterior, por temor a no contar con garantías jurídicas y la depreciación de la moneda en el mercado.
Eso significa que las y los mexicanos corren el riesgo de quedarse sin trabajo, sin acceso a protección tan sólo en el ámbito penal, del uso criminal que quiera dar el Estado para proceder en su contra cuando no esté de acuerdo con sus opiniones, cuando exija transparencia o rendición de cuentas y el reconocimiento y goce de derechos básicos o el valor adecuado por sus actividades y el respeto a sus ahorros, un intercambio de cierto estado de bienestar por una infinita cantidad de circo y de boletas.
Otro riesgo es, en relación a la desaparición de los organismos autónomos que los gobiernos podrán hacer lo que quieran, no se podrá obligar a nadie en el poder a decir en qué gasta los impuestos, a quien tiene en las nóminas, o cuales actividades realizan, no se sabrá el contenido de los miles de acuerdos que diariamente articulan la labor pública, jurídica y política porque todos los hilos estarán sujetos a la voluntad presidencial de informar lo que quiera.
De hecho, el propio poder legislativo, a falta de argumentos razonados de cómo tiene cabida en un Estado de Derecho reformas que versan también sobre ampliar la prisión preventiva oficiosa (aquello de primero encerrar y luego investigar), o integrar militares a la vida pública, responden aludiendo al número de votos que obtuvo su partido que a falta de contrapesos por parte de las autoridades electorales está efectivamente, henchido.
Pero de semejante crisis de legalidad Ferrajoli escribió antes, a raíz de su extensa obra sobre la teoría garantista, visibiliza que la figura del Estado democrático no se significa sólo en cumplir con reglas de formalidad para la vigencia de normas si su objeto de creación o modificación tiene como fin disminuir los derechos y libertades de las personas, recordemos que plantea cómo la degradación del Estado parte justamente de estas decisiones en donde sin importar lo transgresora que sea una norma, lo importante es que esté formalmente respaldada vía la unión de una mayoría numérica y una capacidad de actuar.
Hasta allí alcanza el entendimiento de diputados y senadores, una mayoría forzada en la suma de fuerzas y servidumbres que votarían a favor de brindar al Ejecutivo el poder absoluto y defenestrar el alcance de defensa del gobernado.
Pero por otra parte está la validez, que se representa como el derecho sobre el derecho, en cuanto a que puede decidirse y que no, con apego a determinados principios, indica:
“En virtud de la segunda característica también el deber ser del derecho positivo, o sea, sus condiciones de validez, resulta positivizado por un sistema de reglas que disciplinan las propias opciones desde las que el derecho viene pensado y proyectado, mediante el establecimiento de los valores ético-políticos: igualdad, dignidad de las personas, derechos fundamentales, por los que se acuerda que aquéllas deben ser informadas”.
Es posible afirmar que las grandes transformaciones jurídicas del siglo XXI en México, es decir, las reformas constitucionales de 2008 en materia penal y de 2011 en cuanto a derechos humanos, fueron construidas desde un reconocimiento político de responsabilidad para con aquellos casos en que el Estado fue sentenciado por violar la integridad y el debido proceso, el deber de investigar o el derecho a una vida libre de violencia como el caso Radilla Pacheco, el de Fernández Ortega, Rosendo Cantú, González y otras. Iba nuestro corpus iuris en búsqueda de alcanzar los axiomas garantistas, como ideales de un Estado Constitucional.
Esto también va a destruirse.
Quienes siendo abogados son conscientes y son omisos, hay que cargarles la noción de que nunca en la historia de la construcción política de los países, las dictaduras han beneficiado a los gobernados, América tiene ejemplos de tiempos aberrantes, amerita reconocer que Pinochet, Videla, Trujillo, Castro, Chávez, cuyas violaciones a derechos humanos, torturas, ejecuciones y desapariciones aún no han sido resueltas y sin embargo yacen en la memoria de miles; tienen un reemplazo generacional en Maduro, Ortega, Bukele y López, nuestro problema.
Andrés Manuel termina su sexenio con el “mérito” de haberle tomado la medida a un pueblo al que le han dicho para dónde mirar durante décadas, eran los modos de su partido de origen, (terminemos de una vez con el bulo de que actualmente existe una opción en México de política de izquierda).
Así, no era difícil desmantelar nuestra incipiente democracia, la libertad puede dar vértigo y hacer crecer los accesos que representan la transparencia o la rendición de cuentas, requiere de manera indispensable que el pueblo trascienda en una ciudadanía que genere cuestionamientos propios, no la tenemos y ahí si somos corresponsables en lo poco que se ha cultivado una cultura jurídica accesible para todas las personas.
