Por Claudia Espinosa Almaguer
En la semana anterior esta columna estuvo dedicada a la Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí y la decisión anunciada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de levantar este mecanismo en tres municipios del Estado, Matehuala, Tamuín y Tamazunchale ubicados en las regiones del altiplano y la huasteca respectivamente.
Para ese momento las últimas actas de sesión de este Grupo conformado por instituciones del Estado, academia y sociedad civil no estaban publicadas en la página oficial, son de interés las 39 y 40 siendo que allí se habría tomado una decisión que afecta a la entidad, pero además marca un modus operandi que puede presentarse en cualquier otra parte del país.
Ya hemos demostrado que CONAVIM y el GIM no tenían motivación suficiente para tomar una decisión así, pero ¿Tenían fundamento? ¿Hay una metodología clara para solventar cualquier duda sobre la legitimidad de quitar una Alerta de cualquier Estado? ¿Por qué en este momento político, a punto de entrar una mujer de presidenta? ¿Es cierto que llegamos todas?
Primero la ley, no tenemos las actas, pero sí el oficio CONAVIM/1460/2024 dirigido al titular del poder ejecutivo de San Luis Potosí firmado por Sayda Yadira Blanco Morfín en su calidad de Encargada de la Recepción y Atención de los Asuntos de la Comisión y Coordinadora de Políticas Públicas para la Erradicación de la Violencia. En ese documento hace saber que fue emitida la Actualización de Resolución para la declaratoria potosina que consiste en el “levantamiento” de la primera y segunda medidas de prevención y el mensaje de cero tolerancia propuesto y aprobado por el GIM.
Efectivamente hay un reporte de 90 hojas creado porMoramay Gómez Regalado coordinadora de GIM de la CONAVIM, Irma Monroy Tovar de Inmujeres, Amanda del Rocío Llivichuzhca Pillco de CNDH, Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez titular del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, María Julia Moreno Diaz de León representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Alejandra Silva Carreras especialista, Fátima Patricia Hernández Alvizo especialista y Leticia Martínez Martínez, de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C., además de los funcionarios Iris Irene García Morales, de la propia Sayda Yadira quien revisó el documento, de José Christian Hernández Robledo y Dora María Ramírez Carmona.
Las medidas que el GIM propuso dar por cumplidas a la Secretaría de Gobernación fueron respecto a la elaboración de un diagnóstico sobre tipos y modalidades de violencia, la actualización del Banco Estatal de Datos y el mensaje de Cero Tolerancia que fue publicado en el Periódico Oficial. Es decir, lo que hizo el GIM fue levantar aquellas que dependían de Gobierno del Estado y que tienen desde el sexenio pasado realizadas, pero no así de los municipios, el último párrafo es claro:
“Finalmente, el GIM consideró necesaria una visita in situ al total de los municipios alertados con el objetivo de revisar los avances en el cumplimiento de las medidas y fortalecer las acciones realizadas por los municipios para atender las recomendaciones realizadas en el marco de Dictámenes anteriores”.
La segunda parte del oficio al gobernador indica que con base en un análisis estadístico sobre registros de defunciones de mujeres por homicidio y feminicidio a nivel municipal a través de CONAVIM se consideró pertinente levantar la alerta de los 3 municipios, sujeto a un periodo de nueve meses para que los ayuntamientos cumplan con patrullajes, alumbrado, vigilancia y seguridad pública, módulos de atención inmediata, grupos mixtos de atención, un programa de formación y campañas preventivas. Exactamente lo mismo que en estos 7 años no fue cumplido.
De todos los artículos que cita el oficio y en el reporte del GIM, éste tiene facultades para proponer la modificación, actualización y levantamiento parcial o total de la AVG conforme el artículo 24 Quarter inciso f de la Ley General de Acceso y de acuerdo al 25 bis, CONAVIM acompaña y da seguimiento además de establecer que para levantar las medidas se debe acreditar que estén cumplidas o que la violencia feminicida (no sólo las muertes) hayan disminuido. Este articulado pertenece a una reforma de 2022, pero no indica quien puede decidir sobre el cierre de las AVG ni allí ni en el Reglamento de la Ley que data de 2014.
Eso significa que CONAVIM tomó una decisión de severas consecuencias a través de una encargada de despacho sin que exista en la norma ningún proceso que marque si tiene o no facultades para ello o qué debería de tomar en cuenta más allá de la incidencia delictiva (falta verificar si efectivamente no hubo feminicidios en esas regiones) lo que es muestra de una prisa desaseada en complicidad con las instituciones del Estado y con el propio organismo autónomo que pidió la Alerta, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí.
Recién sabemos que se reúnen este 23 de agosto, ¿Qué tienen que declarar cada una de las mujeres integrantes?
Ahora bien hay una intención que no puede pasar desapercibida en este asunto, desfondados los recursos federales para atender la violencia contra las mujeres, dejados a su suerte los refugios y con el boceto de una política simbólica en la que llega una mujer a la presidencia que si bien usa ciertas frases de trato feminista no lo es, habida cuenta la negación del fenómeno y la persecución a las protestas de mujeres en Ciudad de México, se augura que San Luis Potosí no será el primer territorio donde se simule la resolución de la AVG.
En 2023 la representante de México en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) escribió y declaró que las Alertas de violencia no funcionaban, en sus palabras, eran una medida excepcional que se tornó política. Ella se preguntó ¿se necesita declarar? ¿Ha servido de algo? Se respondió que no, por lo tanto, era preciso modificar ese instrumento esto a pesar que las deformidades en la misma no venían de la ley sino del actuar de las entidades federativas.
Eso es como afirmar que fue Marcela Lagarde y las otras expertas y legisladoras quienes nos fallaron en el 2007 y no el patriarcado que gobierna, de cualquier modo, la opinión es destacable en tanto México lleva ante el Comité CEDAW un informe periódico con el fenómeno feminicida pendiente y otro que en ese mismo año de su columna han cuestionado al Estado sobre la eficacia de CONAVIM para prevenir muertes violentas, desapariciones forzadas y garantizar el acceso a la justicia.
Especialmente se ha solicitado evaluar la repercusión del mecanismo de alerta de violencia de género a fin de garantizar una utilización amplia y armonizada y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, y velar por la participación de organizaciones no gubernamentales, expertos del mundo académico y defensores de género y losderechos humanos, y mujeres víctimas de violencia.
Pero hay prioridades, y han hallado la solución más simple, no pueden resolver la violencia feminicida,pero pueden simular que lo han hecho.
Claudia Espinosa Almaguer
