#Amassuru #MujeresEnSeguridad
Por Paulina Hernández Diz
La violencia contra las mujeres (VCM) además de tener un aumento exponencial en los últimos años, también se ha transformado y ha puesto en evidencia nuevos retos de interpretación, análisis y atención. La VCM debe ser atendida como un asunto prioritario, de seguridad pública, con una alta prioridad para establecer parámetros de análisis que permitan comprender estos nuevos elementos de manera integral y coordinada entre las diferentes áreas del ejecutivo federal y de todos los demás, niveles y poderes de gobierno.
Las múltiples formas de violencia que vemos actualmente ponen en relieve diversas problemáticas y expresiones que antes no se consideraban y que hoy implican enormes esfuerzos y una atención integral por parte de las instituciones.
Existen nuevas formas de VCM, como el aumento de los casos de desaparición de mujeres y niñas, la trata de personas con fines de explotación sexual, la violencia sexual en nuevas modalidades, la utilización de mujeres en actividades criminales, y el aumento de feminicidios documentados en los últimos años. Por lo tanto, para abordar este problema, debemos tener en cuenta que la VCM también se nutre de violencia institucional, a través de acciones u omisiones por parte del Estado y sus autoridades. (Bodelón, 2014).
La violencia feminicida, como se define en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 21, representa la forma más extrema de violencia de género, producto de la vulneración de los derechos humanos de las mujeres y del ejercicio de poder en los ámbitos público y privado. Esta violencia se manifiesta a través de conductas misóginas y discriminatorias que ponen en peligro la vida y la integridad de las mujeres.
Hay varios factores que han contribuido al aumento del feminicidio en México en los últimos años. Uno de los principales es la cultura profundamente arraigada del machismo en México. Además, la pobreza y la desigualdad económica en México provoca per se, que las mujeres sean más vulnerables.
Otro factor es la falta de recursos legales efectivos para las mujeres en México, en donde la impunidad impera y los feminicidas no son perseguidos por la justicia. En resumen, el aumento en el feminicidio en México en los últimos años se puede atribuir a una combinación de factores culturales, económicos y jurídicos que ponen a las mujeres en riesgo y dificultan el acceso a la justicia.
En México, de acuerdo con el último reporte de la Conavim de 2023, se han emitido 25 Alertas de Violencia de Género (AVG). A pesar de haber sido implementadas hace 9 años, la violencia feminicida en el país no solo persiste, sino que muestra una preocupante tendencia al alza.
Datos sobre feminicidios y homicidios dolosos registrados por las fiscalías de las entidades federativas del 2015 al 2023
Fuente: Tabla de elaboración propia con información recuperada del informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según datos recopilados por las fiscalías de las entidades federativas entre 2015 y 2023, el promedio diario de mujeres asesinadas en México ha experimentado un notable aumento, pasando de 7 a 10 en un lapso de 7 años. Este incremento en los feminicidios puede atribuirse a una combinación de factores culturales, económicos y jurídicos que ponen en riesgo a las mujeres y obstaculizan su acceso a la justicia.
La Alerta de Violencia de Género (AVG) es un mecanismo de protección que se activa cuando se registran un número elevado de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, incluyendo desapariciones, feminicidios, entre otros, en un determinado territorio. La alerta tiene como objetivo tomar medidas inmediatas para proteger a las mujeres de la violencia feminicida a través de acciones coordinadas entre las autoridades de los distintos niveles y poderes de gobierno.
Según la información revisada a partir de los documentos públicos emitidos por la Conavim y la CNDH, las principales medidas de la AVG realizadas por las entidades federativas son las siguientes:
Medidas de prevención:
- Estrategias de prevención de la violencia
- Mapas geográficos de delitos cometidos en contra de las mujeres
- Bancos de datos de casos de violencia contra las mujeres
- Estrategias de fortalecimiento de las órdenes de protección
- Programas de intervención en espacios públicos para la disminución de factores de riesgo
- Estrategias para la mejora de cobertura en servicios de salud en casos de aplicación de la NOM-046-SSA2-2005
- Programas para la cultura de la no violencia en espacios educativos
- Programas de reeducación de personas agresoras
- Reformas legislativas
Medidas de seguridad:
- Creación o fortalecimiento de módulos de atención y protocolos de atención
- Creación o fortalecimiento de agrupaciones estatales o municipales especializadas en seguridad pública y células de reacción inmediata
- Creación o fortalecimiento de refugios, albergues o casas de medio camino para mujeres víctimas de violencia.
Medidas de justicia y reparación:
- Mecanismos de sanción y supervisión a personal del servicio público
- Planes de reparación integral del daño
III. Atención integral para víctimas directas e indirectas de feminicidio
- Mejorar los procesos de investigación
- Garantizar el perfil profesional del personal de áreas especializadas en investigación y atención de la violencia
- Diagnósticos de capacidades institucionales
Si bien, la federación ha venido destinando de forma paulatina más recurso para la implementación de las AVG en las entidades federativas, lo cierto es que ante un contexto nacional de VCM y un evidente aumento de la violencia feminicida, el presupuesto de la federación resulta insuficiente aunado a que, no existe un mecanismo que logre dar cuenta de la eficiencia del recurso que es implementado para dar cumplimiento a las medidas. Ni si quiera es posible identificar por estado, la relación de recurso con la medida y el indicador al que corresponde. Lo anterior hace que sea realmente complicado determinar si el recurso que se asigna es invertido de forma adecuada.
A pesar de la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2022, persisten vacíos en el marco legal, falta de coordinación entre los diferentes niveles y poderes de gobierno, y un notorio desinterés por parte de la administración pública federal en fortalecer el mecanismo de las AVG.
Es importante destacar que, a pesar de sus deficiencias, las AVG han contribuido a visibilizar la violencia contra las mujeres y han impulsado políticas públicas y cambios normativos para su prevención y sanción, según lo reconocen organizaciones internacionales y nacionales.
La falta de presupuesto, planificación y coordinación, así como la indiferencia de la administración pública federal, han generado tensiones entre las organizaciones feministas y el gobierno actual. Esto se refleja en recortes presupuestales a organizaciones dedicadas a la atención de mujeres víctimas de violencia, así como en discursos que legitiman la violencia familiar y reproducen una visión androcéntrica.
Considerando la proximidad de las elecciones presidenciales, es crucial que los medios de comunicación y la sociedad civil organizada recuperen el interés en las alertas de violencia en las entidades federativas, exigiendo su cumplimiento y fortalecimiento presupuestal e institucional.
Foto de Jose Carlos Cerdeno desde Getty Images. Composición LCR
La opinión de la autora no compromete la posición institucional de Amassuru
____________________________________________________________________________________________
AMASSURU MUJERES EN SEGURIDAD
Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.
