Por María de los Ángeles Cruz Hernández | Revista Electoralia Jk’optik (IEPC Chiapas)
Luchar por los derechos políticos de las mujeres en México, es una de las causas feministas más visibles en la historia reciente, también de las que más incidencia han tenido en las agendas públicas, transitando del derecho al voto a la paridad, por un camino accidentado e incluso violento. En este largo y sinuoso camino recorrido, es importante reconocer la influencia de la agenda feminista internacional y sus herramientas, desde la declaración de Atenas en 1992 y la declaración y plataforma de Beijing de 1995, se fortaleció la argumentación para la apertura democrática en la representación de las mujeres en nuestro País a partir del impulso de medidas afirmativas o de discriminación positiva, desde 1993 con las débiles recomendaciones para incorporar a mujeres en las fórmulas de candidaturas, hasta llegar a la paridad en todo en 2019.
En un apretado resumen, los avances desde el derecho al voto de las mujeres en 1947 pasan por la inclusión en el COFIPE de 1993, del texto siguiente: “Los partidos políticos promoverán, en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular”. En 1996 se incorporaría la cuota 70-30, que determinaba que no más de un 70% de las candidaturas propietarias podría ser ocupada por personas de un solo sexo, por supuesto nunca las mujeres ocuparon el máximo porcentaje; en 2008 la cuota se cambia en la proporción 60-40, nuevamente, jamás el porcentaje más alto fue ocupado por mujeres.
En esta disposición se conservó la excepción de la cuota a candidatos por mayoría relativa por la “elección democrática” en sus procesos internos, como una más de las resistencias a la inclusión de las mujeres. En la joven y patriarcal democracia mexicana, ante estos avances por la igualdad entre mujeres y hombres en la representación política, laresistencia al interior de los partidos políticos ha sido desproporcionada, se han encontrado formas de evadir los mandatos e inhibir la participación de las mujeres, incluso con violencia. Las argumentaciones han ido desde atender “los procesos democráticos internos” hasta lo insostenible: “la ausencia de mujeres con perfiles adecuados”, “falta de preparación” y más grave aún, que la sociedad no se encuentra “lista” “preparada” para la presencia de las mujeres en la vida política y en cargos públicos.
A pesar de los avances legales, de facto, las mujeres han sido excluidas, aunque hay que reconocer que algunas lograron penetrar el rancio sistema político mexicano, principalmente mujeres privilegiadas, muchas dispuestas a continuar con el mandato patriarcal de la obediencia; no las ejidatarias, no las indígenas, no las de las disidencias sexo genéricas, no las precarizadas, no las respondonas.
También es necesario destacar que a pesar de que del ejercicio de privilegios de estas mujeres que han logrado entrar en la vida política, muchas han enfrentado discriminación y violencia. Hoy como parte de los logros de la agenda feminista, se encuentra tipificada la violencia política en razón de género como una herramienta para enfrentarla.
En esta materia y continuando con el recuento de los avances, en 2011 -año en que se da en México, la más importante reforma constitucional en materia de derechos humanos- fue un parteaguas con la sentencia 12624, logro también feminista, que obligó a los partidos políticos a cumplir con la cuota para la representación de las mujeres en candidaturas a cargos de elección popular.
De la mayor relevancia es la aprobación en la Cámara de Diputados, a finales de 2013, del dictamen para la reforma de la Constitución para la paridad de género en candidaturas a ocupar cargos de representación popular, y en febrero de 2014 cuando la reforma es promulgada por el ejecutivo. En la elección intermedia de 2015, se aplicaron por primera vez las disposiciones emanadas de la reforma por la paridad de género expresada en modificaciones en la LEGIPE Y LGPP.
En Chiapas esto derivó en violencia política contra las mujeres, los partidos políticos incumplieron la paridad en las fórmulas de candidaturas, lo que derivó en la cancelación de las campañas políticas y en el mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, para rehacer las listas cumpliendo con la paridad. Es importante reconocer que fue el partido Movimiento Ciudadano quien realizó la impugnación.
Se cumplió con la paridad resultando dos situaciones controversiales, a) la postulación de mujeres vinculadas con los dirigentes y con los candidatos a quienes sustituyeron: esposas, novias, hijas y, b) las 600 candidatas postuladas por la reposición de las listas no aparecieron en las boletas: ni sus nombres ni sus fotografías. Surgen otras manifestaciones de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que no se abordarán aquí, pero que han sido ampliamente documentadas y conceptualizadas por la doctora Araceli Burguete¹: de la representación política de las mujeres y sus modalidades, la simulación tolerada y la usurpación permitida, principalmente en distritos y municipios indígenas. A pesar de los pesares, las medidas afirmativas han ampliado la presencia de mujeres en la vida pública, el Congreso de la Unión, amplió sustancialmente la presencia de mujeres.
En Chiapas, se ha ido fortaleciendo de manera sostenida la presencia de mujeres en el congresoestatal, documentada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana². De tal forma que hoy, después de la elección de 2021, se cuenta con presencia de 25 diputadas en el congreso local, 62% del total de escaños. Otra historia es la presencia de las mujeres en los ayuntamientos, donde según datos del órgano electoral local, esta presencia no es sostenida.
2019 es también un año significativo para las luchas feministas (se hace hincapié en que estos logros son resultado de luchas del movimiento feminista, no concesión espontánea del poder patriarcal) con la reforma constitucional llamada Paridad en Todo “la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes en los municipios con población indígena.”³
Panorama aún inalcanzado ya que la paridad en los gabinetes tanto nacional como en la entidad, en los ayuntamientos, en los organismos autónomos, en las asambleas ejidales y comunales En Todo; en los espacios públicos de la toma de decisiones, es lejana debido a las fuertes resistencias que sostienen este sistema patriarcal.
Hoy las mujeres existen en la vida política, su presencia es relevante, diez gobernadoras en México, senadoras y diputadas federales y locales, lo que necesariamente deriva en la reflexión obligada sobre el significado de esta amplia presencia de mujeres y lo que representan. Muchas preguntas se encuentran en el aire ¿las mujeres se sienten representadas por las mujeres que han llegado al poder político? ¿la presencia física de mujeres -cuerpos de mujeres- permite avanzar en las agendas que las mujeres y las niñas necesitan para en igualdad de derechos? ¿la igualdad entre mujeres y hombres implicará únicamente a mujeres privilegiadas?
Los partidos políticos tienen mucho que responder, no solo en la postulación de candidatas, también en sus dirigencias, en la aplicación de los recursos -y evaluación de sus resultados- que por mandato tienen que aplicar para la formación de liderazgos de mujeres, en la asignación de candidaturas a mujeres surgidas de esos procesos formativos; también los gobiernos de los diferentes órdenes y por supuesto el poder judicial.
También se esperan respuestas de las mujeres que cosechan los frutos del movimiento feminista, las mujeres políticas participando y ejerciendo cargos, las mujeres tomando decisiones en los partidos políticos, las que ocupan cargos dentro de la administración pública, están o deberían estar obligadas moralmente a articular agendas para el avance de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, agendas de políticas públicas para el disfrute pleno de los derechos garantizados constitucionalmente y más, de las niñas y las mujeres en toda su diversidad, con interseccionalidad.
Es deber de mujeres y hombres, pero obligación moral de las primeras. En un país feminicida, en un estado como Chiapas, con declaratoria de alerta de violencia de género conta las mujeres, es urgente encontrar las respuestas, pensar y construir colectivamente las agendas urgentes de las mujeres, transitar de la presencia de mujeres en la política a la representación política de las mujeres.
En el panorama nacional hoy se cuenta con seis gobernadoras y 2024 es una oportunidad, para reconocer que existe la posibilidad real de tener por primera vez una presidenta de México, una gobernadora en Chiapas, fortalecer la presencia de diputadas y senadoras, más presidentas municipales, se esperaría que esta posibilidad, traiga consigo una representación real de las mujeres en toda su diversidad.
Que los avances sean para todas. Si la llegada de mujeres al poder político no cambia la forma de ejercerlo, nada cambiará para las mujeres.
Artículo publicado en Revista Electoralia Jk’optik (IEPC Chiapas)
Notas
¹ La Dra. Araceli Burguete ha documentado ampliamente estos fenómenos como parte de sus estudios en el tema. Además, es investigadora del CIESAS Sureste e Integrante de la Red por la Paridad Efectiva REPARE.
² Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (2021). Resultados Estadísticos de las Acciones Afirmativas con Perspectiva de Género y Visión Pluricultural del Proceso Local Electoral Ordinario 2021. Recuperado de http://atlasdegenero.chiapas.gob.mx/ docs/GENSENql6o83Ufoylch4C6okaN.pdf.
³ Instituto Nacional de las Mujeres. (2020). La paridad de género, un asunto de igualdad y de justicia. Recuperado de www.gob.mx.
María de los Ángeles Cruz Hernández
Chiapaneca feminista decolonial, activista promotora de los derechos de las mujeres, las niñas. Cuenta con una amplia experiencia de más de 30 años en la administración pública federal y estatal, ha sido y es parte de organizaciones de la sociedad civil en el ámbito nacional y local, consultora para organismos internacionales, e integrante de redes. Su experiencia la ha desarrollado trabajando con pueblos originarios, en el fortalecimiento económico, la formación de capacidades y en la educación comunitaria, en diferentes entidades de México, principalmente en Chiapas.
