Por Carla Álvarez
#MujeresEnSeguridad #Amassuru #Ecuador
El fin de la prohibición del porte de armas de uso civil en Ecuador, a partir del 1ro de abril de 2023, ha generado diversas reacciones en la sociedad ecuatoriana y entre algunos especialistas en seguridad. Los principales cuestionamientos a esta medida se han concentrado en la posibilidad de que impulse la proliferación de armas y con ello aumente la violencia interpersonal, el mercado ilegal de estos dispositivos y el fortalecimiento de otras formas de criminalidad. A continuación se explica, por qué existen estos temores.
¿Qué dispuso el gobierno? En el Decreto 707, emitido por el Presidente Guillermo Lasso, es un documento que contiene 23 páginas, en las que se modificó el Reglamento a la Ley de Armas, Municiones y Explosivos.
Entre otras cosas, el Decreto autorizó el porte de armas de fuego para uso civil y el uso de aerosoles de gas pimienta con fines de autoprotección. También, se modificaron los requisitos que regían para el este tipo de permisos; actualmente se requiere tener más de 25 años, aprobar una prueba psicológica, no tener antecedentes penales, no registrar antecedentes de violencia contra la mujer, no consumir drogas ilegales o alcohol, demostrar que el interesado sabe disparar.
Es interesante resaltar que los permisos de porte de armas con fines de autoprotección para personas naturales estuvieron prohibidos desde el 2009 (durante 14 años), año en el que también se establecieron varias restricciones para el acceso a las armas de fuego por parte de las personas jurídicas. El argumento del gobierno para justificar esta decisión fue que “el objetivo es adoptar una medida urgente frente a los hechos delictivos registrados en el país y frente al enemigo en común que tiene Ecuador que es la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”.
Ahora bien, ¿esta medida permite alcanzar los objetivos planteados? ¿Qué desafíos entraña esta decisión gubernamental? ¿Es posible reducir la delincuencia, el narcotráfico y la criminalidad? Veamos:
Hay muchas personas que consideran que las características que hacen a las armas de fuego tan letales en manos de los agresores, también hacen que sean efectivas para la defensa en contra de las agresiones de delincuentes.
Sin embargo, hace varios años, la Universidad de California realizó una investigación cuyos resultados mostraron que las personas que tienen un arma de fuego en su casa, para defenderse de posibles asaltantes, tienen dos veces más posibilidades de morir por causa de un disparo que aquellas personas que no poseen una. Además, más del 50% de las víctimas de armas de fuego en casa conocían a sus agresores: 15% eran familiares y 6% eran personas con las que estaban consumiendo sustancias ilegales (marihuana, cocaína, éxtasis) o legales (alcohol). Lo que implica que una gran parte de la violencia armada tiene lugar en contextos íntimos, en los que se ha generado un conflicto. Con estos antecedentes, es posible entender que el riesgo de muerte para una mujer, en determinadas sociedades, pueda aumentar hasta en un 500% cuando su pareja tiene un arma en casa. A esto se suma que las personas con estos dispositivos en casa tienen 16 veces más posibilidades de suicidarse.
Según lo dicho, es posible sostener que en determinadas situaciones una mayor circulación de armas podría incluso propiciar el incremento de la violencia armada de índole interpersonal, sin lograr reducir la delincuencia, y menos aún el narcotráfico o la criminalidad.
Respecto a la criminalidad, es necesario mencionar que el mercado ilegal de armas de fuego se alimenta de los mercados legales, porque a diferencia de otros productos que son objeto de comercialización ilegal (como las drogas), las armas nacen legales, y en cada una de las etapas de su ciclo de vida (fabricación, compra, venta, transferencia, almacenamiento, etc.), pueden llegar a manos de usuarios no autorizados y convertirse en dispositivos ilegales.
En condición de ilegalidad, las armas son utilizadas para la seguridad y para la defensa de grupos criminales que se dedican a actividades como el tráfico de drogas, la minería ilegal (el transporte de los minerales extraídos y la custodia de los dineros obtenidos), el tráfico ilegal de madera, entre muchas otras. En el mundo criminal, la utilidad de las armas como bienes de cambio y como dispositivos que permiten la custodia y la protección de las actividades ilegales, les conceden una doble valía: económica y defensiva.
Dentro de esta lógica, las armas de fuego son útiles para que las organizaciones criminales ganen poder, puedan proteger sus intereses y enfrentarse a sus rivales (estatales o no). Por tanto, este tipo de organizaciones siempre buscará los medios para acceder a estos dispositivos, ya sea mediante robo, hurto, tráfico o desvío.
En estas circunstancias, permitir el porte de armas de uso civil para autoprotección, innegablemente fomentará las actividades de compra y venta de armas, entre quienes quieran contar con este dispositivo para defenderse. Es justamente este crecimiento de las transacciones de armas, las que podrían impulsar, además de la violencia, también el crecimiento del tráfico de armas y el fortalecimiento de otro tipo de criminalidad.
Esta breve descripción de la relación entre proliferación de armas y criminalidad, muestra que es indispensable adoptar medidas urgentes para controlar la dinámica del mercado legal de armas, para evitar que éstas terminen en manos de gente no deseable, y para evitar que esta medida se convierta en la crónica de un fracaso anunciado.
Imagen de andrewdouglasdawson desde Getty Images, Composición LCR
La opinión de la autora no compromete la posición institucional de Amassuru
____________________________________________________________________________________________
AMASSURU MUJERES EN SEGURIDAD
Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.
