LaCostillaRota.10 de Mayo 2023.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), llevó a cabo el foro “Madres, Mujeres y Personas con VIH-Sida; Realidad y Retos”, para conocer las problemáticas y necesidades que afectan a quienes viven con esta enfermedad, entre ellas las mujeres recluidas en el sistema penitenciario, a fin de garantizar sus derechos fundamentales y coadyuvar a la eliminación de estigmas y discriminación.
La diputada resaltó que esta Legislatura ha insistido en la vida de mujeres en reclusión, a fin de que tengan medicamentos y espacios para sus hijas e hijos, y expresó la importancia de realizar este tipo de eventos donde se comparten experiencias y conocimientos para tener otra visión, la de quienes viven con dicha enfermedad, y que “nos darán luces sobre estos temas, conocer los impactos y alcances de nuestras decisiones”.
Consideró que “no estamos cumpliendo con lo establecido como Estado”; además, la decisión de no destinar recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil provocó que se dejaran de implementar campañas y políticas de prevención y detección de VIH, las cuales aún se realizan sin apoyo.
Añadió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, del INEGI, el 17 por ciento de las mujeres que viven con VIH-Sida no tiene tratamiento, y carece de un diagnóstico temprano. “El derecho a la salud de quienes viven con Sida en las cárceles es vulnerado y transgredido debido a la inexistencia de una atención integral”.
Precisó que el rechazo y la discriminación se suman a la falta de servicios, insumos y materiales de higiene personal, lo que hace invivible esta situación. “Uno de los temas que será fundamental para que podamos entender los alcances de esta condición, será la criminalización del mismo espectro”.
Señaló que, según el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida, siete de cada 10 personas con VIH sí saben que tienen el virus, pero el resto de las personas infectadas lo ignoran y, por lo tanto, no tienen tratamiento, lo que, aunado al desabasto de medicamentos, la interrupción de pruebas y tratamientos coloca a los portadores en situación de vulnerabilidad.
Testimonios de representantes de la sociedad civil
Silvia Carmona Medina, activista en la defensa de las personas con VIH-Sida, señaló que la mayor parte de las mujeres que son diagnosticadas no asisten a las citas médicas por temor a la estigmatización, por lo que solicitó a las diputadas que se termine con la invisibilización y se garantice una atención médica adecuada, se promuevan campañas de uso del preservativo femenino y se vigile que los hospitales cuenten con los medicamentos antirretrovirales.
Mariana Iacono, activista de la comunidad argentina de mujeres con VIH, dijo vía teleconferencia que las mujeres portadoras del virus requieren toda la información para decidir sobre sus derechos reproductivos, así como tener la opción de amamantar o no, además de que no deben ser discriminadas.
Hilda Esperanza Esquivel Cerda, representante de Redes de Mujeres con VIH en Latinoamérica ICW, planteó la necesidad de combatir el aislamiento de las mujeres con VIH-Sida, a través de su empoderamiento, a fin de que participen en la toma de decisiones que las afectan.
Andrea Luna, del Colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir, aseguró que muchas organizaciones han desaparecido por la falta de recursos y por los efectos de la pandemia de Covid-19. Señaló que los casos de contagios de VIH van en aumento, por lo que se requiere de trabajo con el sector salud, gobierno y asociaciones civiles.
Al dar su testimonio, María Antonieta Lozano, especialista en acompañamiento y atención a personas en su resultado positivo a su prueba de VIH, propuso crear un programa que apoye a las mujeres que padecen VIH-Sida, ya que un alto índice no accede a los medicamentos por falta de recursos. Además, solicitó que se realicen más pruebas de Papanicolaou, de VIH y sífilis, con el objetivo de lograr una detección oportuna.
En el evento, participaron representantes de diversas organizaciones civiles, quienes se pronunciaron por emprender medidas legislativas que se respalden con presupuestos para que las acciones se traduzcan en políticas públicas, atender el desabasto de antirretrovirales y promover el diagnóstico oportuno y la atención médica a los pacientes con VIH-Sida en los centros de readaptación social.
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