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Por María Fernanda Noboa G., PhD
El alarmante aumento de la criminalidad organizada, de la delincuencia trasnacional, de la delincuencia común y De la penetración de mafias internacionales en un insólito juego incremental de diversos tipos de violencia en el país[1], ha puesto sobre el tapete la discusión en torno al Decreto Ejecutivo Presidencial N. 707 del 1 de abril de 2022 respecto del porte y tenencia de armas para la defensa personal de acuerdo con los requisitos y reglamentos vigentes, al igual que el uso de aerosoles de gas pimienta. Esto en medio del anuncio oficial de otras medidas complementarias en lo que el gobierno ha denominado una Cruzada por la Seguridad.
Las espeluznantes cifras de homicidios por cada 100.000 habitantes- con profesionalización de los sicariatos son incrementales. El año 2022 cerró con 4.603 homicidios, es decir una tasa de 25,7 por cada 100.00 habitantes (esto equivale a 10,4 casos diarios). Durante lo que va del año 2023, este ritmo se mantiene y tiende al alza. De enero hasta finales de abril, se registran ya 1.500 muertes violentas, lo que en escenario tendencial proyectado supondría un incremento de casos hasta alcanzar 6.300 a fines de año; es decir, una tasa de 34 casos por cada 10.000 habitantes. Estas son cifras récord en el país; equivaldría a un aumento de más del 66% del año anterior, al finalizar 2023.
Si a esto se suma la proliferación de mercados criminales como servicios de protección criminal de territorios, transporte y mercancías; extorsión y vacunas; secuestros exprés y orgánicos; cobro de peajes en carreteras de segundo y tercer orden; aumento del microtráfico con violencia en diversos puntos de todo el país (barrios, colegios, centros de entretenimiento); cooptación y entrenamiento de menores en escuelas locales de sicarios; y, una paulatina consolidación del mercado negro de armas, partes de armas y explosivos procedentes de Perú, el panorama ecuatoriano es poco alentador.
Varios sectores de la sociedad –academia, expertos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres, gremios productivos-se han pronunciado en torno a los pros y contras del Decreto Ejecutivo Presidencial mencionado. Lo cierto es que en medio de entornos altamente mutantes, con la emergencia de factores disruptivos poco previsibles, y particularmente con una manifiesta crisis de gobernabilidad y confrontación permanente de las funciones del Estado, de grupos políticos, de actores mediáticos de redes sociales, la posibilidad de aplicación y sostenimiento de esta medida es gris.
Esto no solo por una visión coyunturalista- que podría obedecer a presiones políticas de varios sectores al Primer Mandatario- sino por el débil balance estratégico de las implicaciones de dicha medida en términos reales en la disminución de las violencias. Dicho balance le corresponde en strictu sensu al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, y a la inteligencia estatal como parte de dicho Consejo. Esto porque más allá de la perspectiva disuasiva que podría significar contar con civiles armados, ello podría disparar otras situaciones poco favorables al estado de situación actual del país, hechos portadores de futuro- la relación violencia/impunidad/ corrupción, por ejemplo- y escenarios tendenciales.
Algunas reflexiones
De un debate no acabado y que debe irse nutriendo con la participación crítica de grupos estratégicos de la sociedad civil, grupos defensores de derechos humanos, grupos de expertos, investigadores, tomadores de decisión, se pueden desprender algunos puntos neurálgicos que deberían considerarse:
- Se debe desmitificar, como sostienen expertos nacionales y regionales, la supuesta “igualdad” de condiciones entre el criminal/ delincuente con el ciudadano por el porte de armas. Esta consideración es fundamental no solo por las capacidades logísticas, operativas de entrenamiento de uso de las armas, sino por el tipo de armas de fuego de uso civil. En el Reglamento a la Ley sobre Armas Municiones, Explosivos y Accesorios[2] las armas de fuego de uso civil son las que pueden portar los ciudadanos por su diseño, procedencia y empleo, específicamente, las de Defensa personal que son aquellas de defensa individual a corta distancia ( pistolas hasta calibre 9 mm; revólveres hasta calibre 38; escopetas recortadas del calibre 10 al 410 y sus equivalentes, particularmente. Frente a ellas se ha encontrado evidencia de delincuentes con armas de fuego que utilizan las propias Fuerzas Armadas como pistolas de calibre 9mm o superiores; fusiles y armas aautomáticas y las de uso restringido como revólveres hasta calibre 38, pistolas, sub-ametralladoras, carabinas semiautomáticas. Explosivos con distintos usos y hasta granadas; normalmente provenientes del mercado negro. Así las condiciones de fuerza no son equiparables, y peor si a esto se suman las capacidades logísticas, operativas, instrumentales y de uso de los civiles, “no acostumbrados” a tomar su seguridad como su propia labor y no la del Estado.
- El efecto psicológico y pragmático producido en criminales y delincuentes que trabajan en grupos organizados (ecosistemas criminales) con amplia expertise, frente a un anuncio oficial de disuadir el cometimiento de actos de violencia, generará mayor violencia. Esto es debido al contexto multifacético y asimétrico que determina actuaciones criminales visiblemente más graves en sus mecanismos y más expandidas territorialmente en todo el país. Este anuncio, de hecho, ha sido visto como una afrenta, sobre todo por parte de los grupos mafiosos y redes criminales que operan en el país. De hecho, tras el anuncio de dicha medida se reportaron incidentes concurrentes de violencia exacerbada con diferentes mecanismos y en distintos puntos críticos del territorio.
- De estudios derivados en varios países de la región y en el entorno global, no existe una relación directa entre violencia y porte civil de armas; todo depende del contexto y las condiciones particulares de cada región y país. Por tanto, los estudios comparados son necesarios para comprender los potenciales efectos de dicha medida, con el establecimiento de patrones y variables críticas que condicionarán diversos tipos de escenarios.
- Se precisa incluir el debate de seguridad desde una perspectiva de género, que permita incluir nuevos conceptos y categorías analíticas para comprender esta problemática trascendiendo la postura patriarcal (Sjoberg, 2021). Esto implica apostar por estudios críticos de seguridad-feministas[3]– que valoren las posiciones de la seguridad más allá de lo político y militar, y se incluyan temas como la seguridad ampliada valorando amenazas que han sido invisibilizadas, más allá de nivel del Estado, a los niveles más individuales, sobre todo a los derechos de protección, alineados a varios de los preceptos de la seguridad humana. Por ejemplo, preguntarse cómo afectaría la legalidad el porte de armas civil en la convivencia cotidiana de familias, parejas, entre otros; el potencial incremento de femicidios, el aumento de menores víctimas de la denominada violencia secundaria.
- Es importante incorporar también, la reflexión en torno a urgencia de diseñar y trabajar en políticas Públicas sostenibles en Seguridad, que sean transversales a la gobernabilidad política y gobernanza en seguridad, que sean reforzadas al mismo tiempo con campañas de solución de conflictos, culturas participativas, búsqueda de construcción de paz; igualmente se requiere la incorporación de la voz de las mujeres para ser parte de la pluralidad de voces que deben ser escuchadas en todo los procesos de diseño, construcción, implementación, seguimiento, monitoreo y control de las Políticas Públicas.
- Finalmente, debe fortalecerse el Estado de derecho, toda vez que el déficit democrático en Ecuador podrá incidir en una paulatina pérdida del monopolio de la fuerza del Estado; por ello, se requiere paralelamente combate a la corrupción, y prevenir el deterioro de la calidad democrática del
[1] Nótese que el tema es tratado como violencias que actúan de manera multiescalar y en diversas tipologías. El número de femicidios a abril de 2023 suman 56; durante el 2022 fueron 332; 189 por
delincuencia organizada, 134 femicidios ínfimos y 6 trans-femicidios ( DGI-P/2023)
[2] Referencia al Reglamento creado con Decreto Ejecutivo 169 del 27 de marzo de 1997; modificación 15 junio de 2015.
[3] Aludo a la denominada tercera ola de feminismo, que hace hincapié en el estudio de la discriminación intereseccional clase, raza, sexualidad y nacionalidad
La opinión de la autora no compromete la posición institucional de Amassuru
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AMASSURU MUJERES EN SEGURIDAD
Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.
