Por Alma Vidrio
“Tal vez ya no sabes de mí, quizá…
tus frágiles manos ya han olvidado mis manos sosteniéndote,
tu tierna piel ha olvidado mis besos y no conservas mi aroma en tu mente,
hasta mi voz has olvidado y no recuerdas el último cuento que te leí,
o la canción que te entonaba para dormir.
Quizá para ti sólo sea un nombre,
la madre que no está contigo pero que tú siempre esperas.
Pero para mí lo eres todo…:
la razón de levantarme y la causa por la que no me rindo
y todo lo tuyo es el tesoro que nadie podrá arrebatarme.
Eres todo lo que tengo y tendré
y lucharé hasta volver a tenerte en mis brazos
y nuestros corazones se encuentren como cuando estabas en mi vientre,
y yo era tu mundo…, y tú mi más bella ilusión”.Diana Paola Morales, Complejo Carcelario de Jamundí, Colombia.
La conducta criminal de las mujeres se enmarcaba en el rol tradicional de madre y cuidadora que, en ocasiones, pueden llevar al extremo de la frustración y derivar en el abandono de los hijos, maltrato a menores, infanticidio, y homicidio y asesinato de la pareja o familiares.
Sin embargo, la evolución de la sociedad ha influido en el comportamiento criminal ya que responde a que persisten pobreza y desempleo y, en consecuencia, hay un aumento importante en los delitos de robo, lesiones, asalto a bancos, secuestro y extorsión, pero también en actividades de narcotráfico.
En México existen 446 centros penitenciarios (centros de rehabilitación social/CERESOS) de los cuales 11 son exclusivos para mujeres; el resto tienen población mixta y sólo representan el 6% de las personas presas, pero es probable que ese porcentaje sea mucho mayor porque no siempre se les denuncia ya que, por tradición y la cultura, casi siempre se considera que su conducta se ha “desviado” y porque “se ve mal que las mujeres sean criminales”; por consiguiente, las sanciones y castigos que enfrentan son de índole social como son críticas, exclusión social, ser ignorada y que se le maltrate en su entorno, que en múltiples ocasiones son más difíciles de afrontar.
En la última década, las leyes que y penas sobre la producción, portación y tenencia de drogas, y narcomenudeo se han endurecido en todo el país, lo que ha ocasionado que la reclusión de mujeres haya crecido exponencialmente de 2020 a 2022 debido a que, ya sea por pobreza, ignorancia o la urgencia por tener ingresos económicos, han tenido la necesidad o han sido manipuladas u obligadas en participar en algunas, o todas, las actividades de la actividad criminal del narcotráfico, sobre todo en el transporte de paquetes con droga en los estados fronterizos con Estados Unidos.
Desgraciadamente, cuando son aprehendidas, muchas de ellas se dan cuenta de que participaron en una actividad delictiva que se penaliza con varios años de cárcel. Lo peor es que la mayoría de las mujeres que son encarceladas se encuentran en “prisión preventiva” o han sido condenadas por delitos menores y, sin embargo, tardan meses e, incluso, hasta 12 años, en recibir la sentencia correspondiente. Mientras esperan el fallo de los jueces, se violan varios de sus derechos humanos porque son insultadas, violentadas, etc. Asimismo, como las condiciones de salud de los centros penitenciarios son muy deficientes, el ciclo menstrual, llegar embarazada, quedar embarazada (en las visitas conyugales o por haber sido violada en la cárcel), parir y criar a sus hijos resultan ser un verdadero calvario.
En los últimos 10 años han nacido alrededor de 10 mil niñas y niños dentro de las prisiones del país y, durante sus embarazos, estas madres no tuvieron la atención y los cuidados necesarios. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) que realizó el INEGI en 2021, dos de cada 10 mujeres embarazadas no pudieron acceder a revisiones ni tener seguimientos prenatales porque los penales donde están recluidas no tienen personal y equipo para hacerlo, pero también porque se les negó el servicio.
El censo que realizó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2021 informó que hay más de 360 niños que viven con sus madres en las prisiones en México. En 2016 se redujo de 6 a 3 años como el máximo de la edad permitida para que los infantes que nacen en las cárceles permanezcan ahí; después deben entregarlos a familiares para que cuiden de ellos. La justificación de este cambio es que muchas estas niñas y niños tienen desarrollo psicomotriz deficiente, no caminan ni hablan bien, su alimentación es deficiente y, por consiguiente, padecen enfermedades pueden prevenirse y su crecimiento físico es limitado, que sólo interactúan con los hijos de otras reclusas y que no conocen nada de lo que existe fuera de los penales. Para empeorar el panorama para los menores, varios de ellos no tienen acta de nacimiento que certifique su existencia e identidad.
Cuando estos pequeños cumplen 2 años y medios, ellos y sus madres tienen asistencia psicológica para poder enfrentar y aceptar la separación. Trabajadores sociales y psicólogos aconsejan que quienes asuman la responsabilidad de cuidar y atender a los niños, sean familiares que se comprometan a llevarlos a visitar a sus madres con la mayor frecuencia posible para que no se debilite el vínculo entre ellos. Aparte de lo difícil que es la separación, las mujeres presas afrontan estigmas y prejuicios que no padecen los hombres: sus familias les reprochan que se convirtieron en delincuentes porque se “desviaron” del comportamiento que les exige la sociedad, por el sólo hecho de ser mujeres, y también la vergüenza que sus hijos comienzan a sentir en cuanto entienden los comentarios y las críticas negativas sobre sus madres.
Hasta mayo de 2021, el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal reportó que en todo el país hay 217mil 969 personas encarceladas, de las cuales casi el 6% son mujeres (aproximadamente 12 mil 300) y, de esa cantidad, alrededor de 10 mil 500 son madres. Poco más de 6 mil 300 de estas mamás están en prisiones mixtas y, a diario, están en riesgo de que se violenten sus derechos humanos debido a que pueden ser víctimas de cualquier tipo de violencia sexual, abuso de autoridad y/o sean obligadas a trabajos forzosos que benefician a la población masculina.
El acceso a la igualdad de instalaciones y servicios es muy complicado debido a la precariedad y deficiencia de las instalaciones y los servicios carcelarios que incluyen: alimentación inadecuada, maltrato y abusos, prostitución, atención médica deficiente, nula protección de derechos a educación y salud, inseguridad, ninguna capacitación laboral de utilidad, falta de actividades deportivas y, sobre todo, hacinamiento, sobrepoblación y que no hay separación entre mujeres y hombres.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve y declara que “Todos los Estados tienen el deber de respetar los derechos y libertades consagrados y deben garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona a que esté sujeta a su jurisdicción, incluidas las personas privadas de la libertad porque, ANTES DE SER RECLUSAS, SON PERSONAS”.
Las madres presas y sus hijos son prácticamente invisibles para la sociedad; es una realidad casi nunca se analiza y, mucho menos, se atiende. Es una realidad que existe y persiste porque la gran mayoría de las reclusas son personas que están inmersas en una situación económica muy precaria y su nivel de educación escolar es mínimo o nulo, de manera que muchas veces, por ignorancia, desconocen sus derechos y no tienen los recursos para que se les juzgue y sentencie adecuadamente y con prontitud.
Recién fue electa la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera mujer que encabeza el Poder Judicial Federal. En su discurso de toma de posesión, la Ministra afirmó que, además
de presidir la SCJN, también REPRESENTA A LAS MUJERES; entre los temas que ha atendido están la legalización del aborto, la regulación de la gestación subrogada y la violencia obstétrica. Siguiendo su agenda feminista, es imprescindible que se le requiera que se atiendan y se resuelvan las carencias, deficiencias y necesidades de todas las madres que están en prisión y de sus hijos para que tengan una vida digna, conozcan y accedan a sus derechos humanos y, sobre todo, que se corrijan los procedimientos para juicios y sentencias a fin de que se reinserten a la sociedad en el tiempo correcto y puedan estar, cuidar, atender y amar a sus hijos.
*Muchas madres de varios centros penitenciarios de varios estados del país han pedido que se capacite al personal policiaco y penitenciario para que no haya violencia cuando se registre a los menores y a sus acompañantes cuando van de visita. También han solicitado que se adapten espacios adecuados y se realicen programas de actividades recreativas para que puedan convivir y jugar con sus hijos.
Fuentes:
“La poesía que escribe una mujer en prisión para que sus hijos no la olviden” por Ánderson Zapata Reyes para El País, 18 de octubre, 2017
“Delitos cometidos por las mujeres a través de la historia”, Equipo Expresión Forense, 17 de junio, 2022
“Luchando por una vida mejor para las mujeres encarceladas en México” por Carolina Sorgente Aguilar para Asociación para las Naciones Unidas de España, 9 de febrero, 2022
“La condena añadida de ser madre dentro de la cárcel” por Micaela Varela para El País/México, 11 de junio, 2021
“Maternidad tras las rejas: una realidad de miles de mujeres en el sistema penitenciario mexicano”, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, 10 de mayo, 2021
“8M: Mujeres en la cárcel, donde las desigualdades de género persisten” por María Luisa Santillán para Ciencia UNAM, 8 de marzo, 2021
“Las mujeres y los niños: los más olvidados e invisibles dentro de las cárceles en México” por Ana Karen García para El Economista, 19 de junio, 2022
“El empuje de la nueva presidenta Norma Piña a la agenda feminista…” por Beatriz Guillén y Almudena Barragán para El País, 5 de enero, 2023
Foto Bonerok de Getty Images
