Por Mar Grecia Oliva Guerrero
En el transcurso de la semana pasada, se dieron a conocer distintos casos de feminicidios que desde la información que corre a través de redes sociales, fueron retomados por grandes medios nacionales, presionando a las autoridades para informar con urgencia sobre los avances de cada uno de ellos.
Lupita, desapareció en Durango el 24 de octubre, pero fue hasta el día 31 del mismo que su cuerpo fue localizado con signos de violencia en la cajuela de un vehículo propiedad de su esposo. Casi una semana tuvo que pasar para que se iniciara la búsqueda formal de Ángel “N”, después de que familiares cercanos y amistades de Lupita, lo señalaran como el responsable de su desaparición ante las autoridades. Cuando por fin se dio con el paradero Lupita, el principal sospechoso ya tenía 5 días en su huida.
Ariadna Fernanda, era una joven de 27 años que, como cualquier persona, se reunió con algunos supuestos amigos para divertirse el 30 de octubre, día en que no regresó a su hogar por lo que su familia y amigos comenzaron su búsqueda. Fueron un par de ciclistas quienes encontraron el cuerpo de Ariadna en la Carretera en Tepoztlán, Morelos, mismos que ayudaron con su reporte oportuno a que la joven pudiera ser localizada por su familia y así, Ari no se quedará en las cifras de las miles de personas que desaparecen cada día y nadie sabe dónde están. La información que proporcionaron, ayudó a que se cayera la primera versión de la Fiscalía de Morelos que, en una inexplicable y penosa actuación, aseguró que la causa de la muerte de Ariadna había sido una congestión alcohólica y que no había motivos para investigar el caso como feminicidio. Fue la Fiscalía de la CDMX, quien a las pocas horas desmintió la versión de Morelos, confirmando la violencia sufrida por Ariadna y desplegándose para detener a las últimas personas que le vieron con vida y que, por lo que se sabe, mintieron sobre su estancia en su domicilio, sobre su paradero y sobre lo que en verdad le sucedió a la víctima.
El caso de Ariadna, recuerda al de Debanhi en Nuevo León, primero, por la exposición que tuvo, la cual permitió que miles de personas en México se involucraran dando seguimiento al caso, y en segundo término, por la absurda decisión de la fiscalía de aquella entidad, a cuyos titulares se les hizo fácil señalar en un primer momento que la propia víctima habría caído por negligencia a la cisterna donde se le localizó muerta. Lo que quisieron hacer con el caso de Ari, se parece también al caso de Luz Raquel, mujer víctima de feminicidio en Jalisco a quien, hasta ahora, la autoridad le sigue acusando de haber sido ella misma quien se prendió fuego sin que la investigación esté avanzando en otra dirección, y no existiendo por su asesinato ni un solo detenido.
Si no fuera porque el caso de Ariadna, se desarrolló en dos estados del país y porque la Fiscalía de CDMX salió en esta ocasión ‘al quite’, sus deudos tendrían que haberse conformado con la vergonzosa afirmación de la autoridad de Morelos o pelear, ante una instancia federal para desmentirlos, alargando aún más el proceso de búsqueda de justicia.
Es cierto que no hay fórmulas exactas para lograr que en México se haga justicia, pero hasta ahora, parece que la visibilización masiva de los casos, y el lugar en donde ocurren y se investigan, sí son factores que pueden hacer la diferencia.
Aunque existen reglas generales para la administración de las instancias estatales encargadas de investigar los delitos del fuero común, no hay un consenso para evaluar la eficiencia de las fiscalías en cuanto al seguimiento de denuncias por violencias feminicidas, como los delitos de índole sexual cometidos contra mujeres, las amenazas, la violencia doméstica y política, las lesiones graves y el feminicidio. Es preciso que, para poder evaluar como ciudadanos su desempeño, podamos conocer de manera transparente y pública a cuántas denuncias se da seguimiento, por qué motivos y en cuánto tiempo se desecha o judicializa cada carpeta mensual y anualmente, cuántos casos de violencia feminicida grave que fueron denunciados obtuvieron un seguimiento que impidiera un eventual feminicidio o cuántos feminicidios ocurrieron por no dar seguimiento a una denuncia de violencia feminicida. Tiene que volverse habitual que se castigue a quienes, como en Morelos o Nuevo Léon, con los casos de Ariadna o Debanhi, se aventuran a dar conclusiones equívocas a la opinión pública con la mala fe de salir del paso, cerrando un expediente de manera irresponsable, atentando contra la justicia. Como ciudadanía nos queda permanecer unidos y no ser ajenos al dolor de las víctimas, cuando menos, exigiendo cuentas claras. Lo que no se mide, no se puede mejorar: urge que se fiscalice a las fiscalías.
Twitter @mar_grecia
